El Congreso admite la ley de equiparación salarial de Jusapol con el rechazo de los independentistas

El Congreso ha aprobado este martes la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por Jusapol para regular por ley la equiparación salarial entre funcionarios de los distintos cuerpos policiales que operan en España, con el rechazo de todos los partidos independentistas del hemiciclo: Esquerra Republicana (ERC), PNV, PDeCAT y Bildu.

Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos ya habían avanzado su apoyo a esta iniciativa de Jusapol, la plataforma que agrupa a policías y guardias civiles para pedir la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos, lo que en la práctica supone subir sus retribuciones.

Pero estaba por ver qué harían el PP y PSOE, que venían manifestando sus dudas ante esta propuesta y poniendo en valor el acuerdo que en su día firmaron los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles representativas y el Gobierno de Mariano Rajoy y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respetado.

Finalmente los dos partidos mayoritarios han acabado respaldando que el Congreso inicie la tramitación de esa propuesta, presentada en su día en la Cámara por el presidente de Jusapol, Natan Espinosa, por respeto a las 550.000 firmas ciudadanas que la avalan.

Alrededor de 400 policías y guardias civiles de la asociación Jusapol, según fuentes policiales, continúan su protesta de 24 horas iniciada anoche frente al Congreso para exigir a los partidos que respalden su iniciativa legislativa de «equiparación salarial sin trampa ni cartón».

Con gritos de «Jusapol, jusapol», «Ni un paso atrás» o «descontento policial, injusticia salarial» casi medio millar de agentes de ambos cuerpos, ataviados en su mayoría con camisetas negras de la asociación con el lema «equiparación salarial ya» se encuentran en la carrera de San Jerómino, que ha sido cortada al tráfico poco antes del mediodía.

La asociación considera que el acuerdo firmado por el anterior gobierno con sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles y ratificado por el actual Ejecutivo «no es una equiparación real» sino una subida salarial.

Consideran que la «vendida como equiparación» deja fuera a 13.481 familias de agentes de segunda actividad y reserva, además de mantener brechas salariales entre los agentes jubilados, las pagas extras, las asistencias a juicios y los servicios extraordinarios.

Por eso, solicitan a los partidos que respalden la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular presentado con más de medio millón de firmas para que sea una ley la que garantice esa equiparación que los distintos gobiernos «llevan prometiendo durante más de treinta años».