El colmo de la dictadura lingüística en Baleares: hasta los enterradores deberán hablar catalán

El Ayuntamiento de Palma de Mallorca impondrá el dominio oral y escrito del catalán a los enterradores de la funeraria municipal. Los trabajadores o aspirantes a la bolsa de trabajo (‘bolsín’) de la Empresa Funeraria Municipal de Palma deberán certificar que son catalanoparlantes «nivel A». La medida ha sido aprobada por el alcalde de la formación independentista Mès y con el impulso de Podemos. El PSIB-PSOE también ha respaldado esta nueva iniciativa por la dictadura lingüística en Baleares.

El gobierno municipal de coalición de socialistas, independentistas y Podemos y que dirige el independentista Antoni Noguera (el de la frase ¡Estoy de hasta los putos cojones de España!») aprobó el 8 de mayo una decisión que ha llevado hasta el pleno la concejal de Podemos, Antonia Martín, a la sazón presidenta de la Empresa Funeraria Municipal (EFM). La edil podemita recogía la demanda de un representante de Més en el consejo de administración de la empresa que exigía igualar el nivel de catalán de enterradores y administrativos con los del resto de la función pública.

En ese consejo se aprobaron las bases para la bolsa de trabajo de auxiliares y operarios de la empresa. Y se daba luz verde a lo siguiente: los aspirantes a dar sepultura a los vecinos de Palma deberán certificar el nivel A de catalán (antes no necesitaban ningún grado) y los aspirantes a administrativos de la sociedad pública, hasta ahora obligados a un nivel B, lo elevan hasta el  C.

Enterradores, hamaqueros y barrenderos

La medida sale adelante con la única oposición de PP y Ciudadanos. Desde el Partido Popular en Palma muestran a OKDIARIO su desacuerdo: «Se decide sin haber negociado, ni siquiera con los sindicatos. Por eso pediremos un consejo extraordinario en el que se escuche a todos los actores municipales», explica Marga Durán, la portavoz popular y presidenta de este partido en Palma. Para el PP este es un paso «de un absurdo que, sin embargo, no es nuevo», señala.

Y es que la imposición del catalán para trabajar con o desde el ayuntamiento de izquierdas e independentistas viene de atrás. Primero fueron los barrenderos de la empresa municipal Emaya, después los hamaqueros de las playas y ahora son los enterradores.

Todo ello sin contar con unos sindicatos como UGT y CCOO que sin embargo aceptan sin rechistar esta política de imposición de la lengua catalana que discrimina a los trabajadores. «La Ley de la Función Pública 4/2016 lo sustenta», aseguran a este periódico fuentes de ambas centrales.  Más combativo se muestra CSIF, que ve en la decisión de podemitas, socialistas y nacionalistas un fin claro: «Es una medida para poner en la administración pública a los suyos, porque no es normal que se solicite un nivel de catalán para esto».

Concejalías sólo en catalán

Con todo, no se puede decir que el tripartito palmesano haya cambiado su política en favor del catalán y de la progresiva erradicación del español. A su llegada al sillón consistorial en junio de 2015, el alcalde eliminó la instrucción a favor del bilingüismo aprobada la pasada legislatura por el PP que posibilitaba a los palmesanos elegir una de las dos lenguas oficiales para su relación con la administración municipal.

Desde entonces el castellano se convirtió en una lengua residual. De hecho, hay áreas como las de Educación, Deportes, Participación Ciudadana y Coordinación Territorial donde sólo se habla catalán. El español también ha sido eliminado de los premios literarios Ciutat de Palma. El catalán es un requisito obligatorio para los proveedores que quieran contratar con el Consistorio palmesano que están obligados a entregar toda la documentación, al menos, en catalán.