España
Ministerio de Interior

Los colectivos LGTBI acusan a Marlaska de ocultar el 97% de los 57.000 delitos de odio homófobo

Marlaska ha utilizado los delitos de odio contra el colectivo LGTBI con carácter partidista

Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha reivindicado como adalid en la lucha contra la homofobia, lo cierto es que las cifras no le son favorables. Los colectivos LGTBI han denunciado un «auténtico iceberg de infradetección» en materia de delitos de odio contra el colectivo pues, de los 57.000 actos de odio denunciados por las personas LGTBI en los últimos 5 años, el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska «sólo» registró 1.738 como tales, que dieron lugar a 29 sentencias condenatorias. Es decir, en los registros oficiales fueron ocultados u obviados el 97% de los delitos de odio homófobo.

Así lo ha revelado el secretario de Organización de la Federación Estatal LGTBI+, Ignacio Paredero que también ha destacado que, al margen de la infradenuncia, hay un elevado nivel de infradetección. Paredero ha compartido que un 40% del colectivo ha sufrido algún acto de odio, siendo las personas trans, las mujeres lesbianas y las personas LGTBI+ con rentas bajas las más afectadas. «Sin embargo, sólo 2 de cada 10 casos se denuncian. Además, según los datos registrados, son los hombres gais quienes más denuncian, lo que nos hace intuir que hay un problema estructural por el que las mujeres y las personas trans no denuncian», ha alertado.

Asimismo, ha desvelado que de entre los motivos por los que las personas LGTBI no denuncian, destaca que un 33% de las personas agredidas consideró que denunciar no serviría de nada. Por eso, ha incidido en la necesidad de que la subcomisión creada por Igualdad para desarrollar el Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos vulnerables «empiece a trabajar con urgencia para dotar a este Pacto de sentido y de recursos».

Marlaska ha utilizado estos delitos de odio contra el colectivo LGTBI con carácter partidista. De cara a las generales del pasado 23 de julio, el ministro del Interior publicó dos meses más tarde el informe que reflejaba un crecimiento de los delitos contra la libertad sexual. Marlaska evitó que este informe se conociese en plena campaña electoral, pero, sin embargo, aceleró la presentación del informe del aumento de los delitos de odio que el Gobierno agitó contra Vox en el caso de la lona que colocaron los de Santiago Abascal en el centro de Madrid. Y lo hizo a la vez que subvencionaba a asociaciones LGTBI para que hiciesen campaña contra sus rivales políticos.

Delitos más comunes

La Federación Estatal LGTBI (FELGTBI+) ha cifrado en 57.000 las agresiones físicas o sexuales sufridas por el colectivo en los últimos cinco años, desde 2019. En España, la población LGTBI+ se eleva a 3.500.000 personas, según datos del CIS. Así, alrededor de 350.000 personas LGTBI -el 10%- han sido agredidas física o sexualmente en España desde 2019, mientras que aproximadamente 1.000.000 han sido acosadas (28,70%) y cerca de 1.100.000 han sido discriminadas (32,40%).

De las agresiones, más del 40% sufrió una agresión sexual con intimidación y casi el 30% una agresión física grave -bofetadas, puñetazos, caída al suelo…-. De las discriminaciones, más de un 40% tuvieron relación con la discriminación en el ámbito laboral y más del 45% con la denegación de algún derecho.

Federación Estatal LGTBI

Cabe destacar que el organismo que ahora señala a Marlaska por esta escasa detección de los delitos de odio contra el colectivo es la misma que sirvió al ministro para ir contra el Partido Popular y Vox. Justo antes de las elecciones -el 1 de junio de 2023- FELGTBI+ recibió 100.000 euros de subvención, abonados por el Ministerio de Igualdad.

No sería el único desembolso de dinero público recibido por esta organización. Estando en funciones, Montero encargó un informe sobre «la situación de las personas LGTBI con discapacidad en España» que, entre otros aspectos, analiza si han asumido «estereotipos y prejuicios cisheteronormativos» y sus «consecuencias». El coste para el erario público: 70.000 euros.