Colau rechaza condenar el vandalismo ‘okupa’ y apoyar a Mossos y vecinos

El Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau ha rechazado aprobar este viernes una declaración institucional de urgencia propuesta por el Partido Popular para condenar los actos de vandalismo que están sucediendo en el barrio de Gràcia tras el desalojo de los ‘okupas’ del ‘Banc Expropiat’, y para apoyar a los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana, así como a los vecinos y comerciantes perjudicados.

Fuentes del PP en el Consistorio explican que dicha declaración ha sido sustituida por poco más de un minuto de intervención de los grupos municipales durante el Pleno.

Durante su intervención Colau ha cuestionado la actuación de los cuerpos policiales en Gràcia, y les ha pedido «proporcionalidad», considerando que se debe bajar la tensión y no aumentarla.

Por su parte, el presidente del grupo municipal del PP, Alberto Fernández, considera que la alcaldesa no puede mostrarse «equidistante» entre los cuerpos de seguridad y los antisistema, y asegura que Colau se ha comportado como un miembro del movimiento ‘okupa’.

El Partido Popular ya denunció en julio que el Ayuntamiento estaba pagando el alquiler de ‘okupas’ y le pidió a Colau que dejará de hacerlo. Fuentes de esta formación aseguran que se negó porque «rescindir el contrato era caro» y se dejó de hacer cuando el mismo venció el pasado 31 de diciembre, así lo confirma una respuesta del regidor del distrito de Gràcia.

“Los 65.000 euros anuales pagados por el Ayuntamiento, se podían haber destinado a 300 alquileres sociales para ayudar a personas», critican desde el PP.

Por otro lado, Fernández denunciará a la oficina de transparencia y buenas prácticas la política y las actuaciones del Ayuntamiento con los seis locales ocupados de manera ilegal (Can Vies en Sants, Transformadors en l’Eixample, Banco expropiado en Gràcia, Sant Bernat en Ciutat Vella, Hort de la Vila en Sarrià y calle Segre en Sant Andreu).

Para Fernández, entre las malas praxis, se podría dar el hecho de que el Ayuntamiento no haya atendido las denuncias de los vecinos por molestias y no haya abierto expedientes administrativos o sancionado por realización de actividades como fiestas, conciertos o bares sin permiso de actividad económica ni pago de tasas o la ejecución de obras sin licencia.

Asimismo también pedirá que la oficina de transparencia investigue la legalidad de contratos como el del alquiler del ‘Banc Expropiat’ con un coste de 65.000 euros o el pago de la luz a los okupas en el edificio municipal de ‘Transformadors’.