Colau desaloja una asociación «nostálgica del franquismo» dedicada a la divulgación de la historia militar

Según han informado fuentes municipales a Europa Press, el desalojo de la última oficina que les quedaba dentro del recinto se ha producido de «forma muy tranquila», sin que hubiera miembros de la asociación presentes, y se ha cambiado la cerradura del lugar dado que llevaban desde 2015 ocupándolo de manera irregular, cuando se caducó la autorización de uso.

Amics del Castell era la última entidad con local que quedaba dentro del recinto, después de que la alcaldesa, Ada Colau, hubiera desalojado a otros cuatro comercios de la zona.

El litigio con la asociación empezó cuando el consistorio de BComú les negó el permiso para realizar una misa por los difuntos de la Guerra Civil –una tradición que instauró el régimen franquista–, pero Colau argumentó que el acto contravenía la Ley de memoria histórica.

Llevar el trabajo del ayuntamiento al Congreso

Asens ha sostenido que su consistorio es el primero que ha roto con la línea de la continuidad del franquismo, y ha asegurado que BComú ha hecho más en cuatro años que el resto de partidos «durante los 40 años en que gobernaron».

Asimismo, ha aseverado que es necesario blindar el trabajo hecho de «memoria antifascista» y llevar lo realizado en el Ayuntamiento hasta el Congreso, y ha sostenido que aunque parecía difícil de hacer, las resistencias se han reducido a medida que avanzaban.

Críticas a Trías

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha defendido que el Castell de Montjuïc, como cualquier otro espacio municipal, no debe estar destinado a usos militares ni religiosos, sino serun «espacio de uso público».

«Es inaceptable que Xavier Trias dejara que recordaran el alzamiento franquista», ha sostenido Pisarello, que ha criticado al exalcalde por permitir que se realizaran misas de carácter franquista en un lugar que fue un epicentro de represión durante el régimen, ha dicho.

Así, ha asegurado que cumplen con su compromiso de recuperar la fortaleza para usos ciudadanos y también para la memoria de las víctimas del franquismo, y ha recordado otras acciones como la retirada de medallas a exalcaldes franquistas.

Además, ha defendido que el proceso de desalojo de la asociación se ha hecho con «todas las garantías» recurriendo a la vía judicial, después de que no encontraran solución por la vía administrativa.

«No hay memoria democrática en el siglo XXI que no se base en el rechazo de lo que supuso el franquismo y el fascismo», ha concluido, y ha dicho, preguntado sobre si hay riesgo de que con un cambio de gobierno este trabajo se revierta, que cada vez hay más consenso acerca de las políticas memoriales, poniendo como excepción a la concejal de Cs Carina Mejías, por criticar la placa que recordaba las torturas delante de la comisaría de la Via Laietana, ha apuntado.