El chavista Nervis Villalobos logró la nacionalidad por la Ley de Nietos sin tener un antepasado exiliado por el franquismo

El ex viceministro venezolano Nervis Villalobos, procesado por la Audiencia Nacional en el caso Duro Felguera y señalado en informes de la UCO por su presunta colaboración con una trama para desacreditar al fiscal José Grinda, ha obtenido la nacionalidad española en abril de 2025 por la vía de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la Ley de Nietos. Lo ha conseguido alegando ascendencia española a través de su abuela materna, una mujer que nunca abandonó España durante la Guerra Civil ni durante la dictadura franquista, sino años antes. Como ha publicado OKDIARIO los límites de una norma concebida para reparar a las víctimas del exilio se han desdibujado y se nacionaliza a exiliados previos a la Guerra Civil.

La concesión se produjo el 21 de abril de 2025, tras un recurso administrativo interpuesto por Villalobos contra una resolución denegatoria del Registro Civil Central. Cuatro funcionarios del Ministerio intervinieron en el proceso: una consejera que emitió el dictamen, el jefe de servicio que dio el visto bueno, el subdirector general que formuló la propuesta y la directora general que firmó la resolución final.

No era la primera vez que el ex alto cargo chavista intentaba obtener el pasaporte español. En 2017 presentó una primera solicitud de nacionalidad por residencia que le fue denegada en 2020.

En 2024 lo volvió a intentar por la misma vía, con idéntico resultado: una nueva denegación en 2025 por no concurrir los requisitos legales. En ambos casos, las autoridades consideraron que su trayectoria no superaba el filtro de conducta cívica exigido, a pesar de que las dos detenciones que figuraban en su expediente habían sido declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional.

Fue entonces cuando Villalobos, según fuentes de su entorno, optó por la tercera vía sin demasiadas expectativas. La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 por el gobierno de Pedro Sánchez, permite solicitar la nacionalidad española a los nietos de ciudadanos españoles que emigraron o perdieron su condición por distintos motivos históricos.

A diferencia del procedimiento ordinario por residencia, esta vía no contempla el examen de antecedentes policiales ni el filtro de conducta cívica. Basta con acreditar la ascendencia. Aunque ni siquiera conoció a su abuela, le ha servido para obtener los papeles de español.

Sin la intervención de Leire

Por la vía del ministerio de Félix Bolaños tomó parte la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública que dirige la polémica Ester Pérez Jerez, la fiscal que quiere cegar a la UCO en sus investigaciones económicas para beneficiar a los Registradores.

Posteriormente, para sorpresa de todos, el 10 de octubre de 2025 –cuando ya era nacionalizado español– Ester Pérez Jerez firmó otro documento que concluye que Villalobos no ha «justificado suficientemente la buena conducta cívica» exigida por el Código Civil. El informe de Interior, fechado el 14 de agosto de 2025, recoge tres entradas desfavorables: una investigación por blanqueo de capitales y asociación ilícita de octubre de 2018, una causa activa desde marzo de ese mismo año en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid, y un antecedente de la Guardia Civil por blanqueo de capitales de octubre de 2017.

En el expediente por la Ley de Nietos –fechado en abril de 2025– no intervino en ningún caso Leire Díez, la fontanera socialista del PSOE que le falló al ex viceministro por la vía del Ministerio del Interior.

El nombre de Villalobos aparece en las agendas de Leire Díez, ahora investigada por el juez Santiago Pedraz por sus manejos contra jueces, fiscales, guardias civiles y periodistas.

En esos apuntes figura la palabra «nacionalidad» junto a su nombre, lo que ha llevado a la UCO a investigar si hubo algún tipo de gestión irregular en su tramitación.

La Guardia Civil se personó el 9 de junio de 2026 en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para requisar los expedientes.

Una abuela española

Su abuela española no abandonó España como consecuencia de la Guerra Civil ni de la represión franquista. Su marcha fue voluntaria y su situación no encaja en el perfil de exiliado político que la norma invoca en su exposición de motivos.

Sin embargo, la letra de la ley es más amplia de lo que sugiere su espíritu: contempla varios supuestos de descendencia que los tribunales y la administración han interpretado con criterio expansivo.

El Ministerio de Justicia ha defendido la legalidad del proceso. Según sus fuentes, en 2025 se tramitaron ante la Dirección General 189 recursos contra resoluciones del Registro Civil Central sobre esta opción de nacionalidad, de los cuales 164 fueron estimados. El de Villalobos fue uno más. «Fue examinada y estimada con criterios jurídicos», han señalado fuentes oficiales del Ministerio, que añaden que es «habitual» que se estimen este tipo de recursos.

La Ley de Memoria Democrática ha amparado situaciones que sus propios impulsores no siempre anticiparon. Desde su entrada en vigor se han registrado casos de concesión de nacionalidad a ciudadanos latinoamericanos cuya vinculación con el exilio republicano era, cuando menos, oblicua. Juristas y funcionarios consultados señalan que la norma permite encajar supuestos de descendencia que van más allá del exilio político estricto, lo que la ha convertido en una vía de acceso a la nacionalidad más permeable de lo previsto y, en ocasiones, subrepticia en su aplicación práctica.

Un futuro por delante

Villalobos llegó a España en 2014, huyendo del colapso del régimen chavista del que había formado parte como viceministro de Energía. Desde entonces, ha sido investigado en la Audiencia Nacional en varias piezas separadas, detenido en dos ocasiones en circunstancias que el Tribunal Constitucional declaró contrarias a derecho, y registrada su vivienda hasta tres veces. Ninguna causa ha llegado a juicio con acusación formal contra él, a excepción del caso Duro Felguera que se juzga en octubre y que le enfrenta a casi 9 años de prisión.

La nacionalidad española, que durante una década le fue negada por la puerta grande, ha entrado al final por la ventana de atrás de una ley pensada para reparar heridas del pasado. Si esa reparación le corresponde o no a Nervis Villalobos es, a estas alturas, una pregunta que tiene más respuestas políticas que jurídicas.