Una chapuza de Carmena amenaza a 400 empleados del Ayuntamiento de Madrid

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, miró para otro lado en un viejo conflicto laboral que ahora puede rebajar la categoría a 200 empleados y echar a la calle a una cifra idéntica. Los hechos se juzgarán, si no hay cambio de fecha, desde este mismo viernes en el Juzgado de lo Social número 1 de Madrid.

Se trata de un procedimiento de conflicto colectivo que, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, fue impulsado por el sindicato CGT para cesar a 200 miembros del personal laboral del Ayuntamiento que, desde hace años, ocupan plazas de superior categoría para atender servicios esenciales de polideportivos y otros organismos dependientes del Consistorio.

[Pulse aquí para ver el documento íntegro del conflicto colectivo 772/2013]

No se trata de enchufados, sino de trabajadores que por necesidades del servicio recibieron esa encomienda, en algunos casos hace ya quince años, lo que demuestra su asentamiento en sus destinos y la dificultad profesional para encajarles, tanto tiempo después, en funciones que hace lustros que no desempeñan.

El problema es que, si ahora son destituidos por la falta de mediación del gobierno de Carmena, volverán a sus puestos de trabajo originales y provocarán además, probablemente, el despido fulminante de quienes ocupan en este momento esos destinos. En definitiva, que sus plazas iniciales volverían a ser suyas, pero desplazando a quienes las ocupan por el ‘ascenso’ de los que retornarían a disgusto y en peores condiciones laborales, económicas y quizá de prestación de servicio al ciudadano.

Es decir, hasta 400 personas se verían afectadas por un problema que extrañamente está provocado por un sindicato, que el PP no atendió durante sus mandatos y que Carmena ha ignorado a sabiendas en sus más de mil días de gestión.

El Ayuntamiento no ha intervenido

Fuentes próximas a los afectados explican a este diario que el gobierno madrileño no ha querido intervenir en ninguna fase de la contienda y que, incluso aunque técnicamente se oponga ante el juez a esta medida, en realidad no ha hecho nada por evitarla. Su temor es que un fallo adverso para los trabajadores afectados le valga al Ayuntamiento, en realidad, para ocupar esas plazas con personas cercanas a Carmena y a las distintas facciones políticas del Consistorio.

Esa teoría se avala por los cambios contenidos en el sistema de relación contractual para estos casos en el origen y en el presente: entonces sólo se podía remozar a los ‘ascendidos’ cuando la plaza de cubriera legal y reglamentariamente por oposición o concurso, precisamente para evitar la arbitrariedad; pero ahora se puede elegir con más libertad y asignar el puesto por un periodo de un año.

Las decisiones de Carmena y de su equipo con respecto al personal o la discrecional contractual han generado una agria controversia durante toda la legislatura. La gran cantidad de contratos menores de todo tipo que han ido a asociaciones, empresas o colectivos situados en su entorno ideológico han ocupado sistemáticamente espacios en los medios de comunicación; al igual que el incremento de los asesores adscritos al Ayuntamiento.