Polonia pregunta a Bruselas si denunciará a España por reducir la mayoría para elegir a los jueces

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 14/10/2020 17:54
  • Actualizado: 14/10/2020 19:40

El Ejecutivo de Polonia ha reaccionado ante la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que pretende llevar a cabo el Gobierno socialcomunista español para liquidar las mayorías necesarias para elegir a los jueces. El viceministro de Justicia del país, Sebastián Kaleta, ha dirigido un mensaje a través de Twitter a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, preguntándose si Bruselas piensa tomar medidas contra España, al igual que hizo contra Polonia por su plan sobre la Justicia. La ley polaca, que permite sancionar a los jueces que cuestionen públicamente las reformas judiciales del Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS), ha sido ampliamente contestada por los propios magistrados y por la UE.

En 2015, el partido Ley y Justicia acometió su reforma del sistema de elección de los jueces, introduciendo la mayoría de tres quintos en el Parlamento. Las dos asociaciones judiciales mayoritarias españolas -Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Francisco de Vitoria-avisaron ya este martes que la reforma pretendida por Sánchez e Iglesias aleja al país de los parámetros europeos de independencia judicial, acercándonos, entre otros, a Polonia.

La Comisión Europea ya ha abierto cuatro expedientes sancionadores a Polonia por la reforma de la judicatura. Según Bruselas, la normativa viola la independencia de los jueces y es incompatible con el Derecho europeo. Entre otras medidas, impide a los tribunales polacos aplicar directamente ciertas disposiciones de la legislación comunitaria que protegen la independencia judicial y plantear ciertas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión. La UE ha dado al Gobierno polaco un plazo de dos meses para enmendarla.

«Existen riesgos claros de que las disposiciones del régimen disciplinario contra jueces que introduce la nueva ley pueda ser utilizado para ejercer control político sobre las decisiones judiciales», avisó en abril Jourová.

PSOE y Podemos plantean rebajar la mayoría necesaria para elegir a los jueces, que pasará de una mayoría de tres quintos del Congreso a una absoluta. Esto permitiría al Gobierno acometer la renovación sin necesidad de un acuerdo con el Partido Popular.

Además, al presentarla mediante ley orgánica, la reforma podría ser aprobada mayoría de los socios de la investidura, entre ellos, independentistas y proetarras. Asimismo, se evita la necesidad de solicitar el preceptivo informe al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado.

«Si en primera votación alguna de las Cámaras no alcanzase la mayoría requerida, se podrá efectuar una nueva votación, 48 horas después, en la que la Cámara correspondiente elegirá los seis vocales del turno judicial por mayoría absoluta», reza el texto.

El Gobierno español, por su parte, no espera cuestionamiento alguno por parte de la Unión Europea al nuevo sistema de elección del CGPJ, según fuentes del Ejecutivo, recogidas por Europa Press.

Las fuentes han puntualizado que la reforma se ha presentado conforme a la legalidad y a los procedimientos en vigor, de manera que no es un asunto que vaya a generar debate europeo.

Asimismo, han desvinculado completamente la propuesta de reforma del CGPJ de las discusiones que están teniendo lugar en Bruselas sobre cómo vincular los pagos del Fondo Europeo de Recuperación al respeto del Estado de Derecho.

Como en Venezuela

La reforma exprés del CGPJ recuerda además peligrosamente a otra. La que acometió el Gobierno del dictador Hugo Chávez en Venezuela, en 2004, como publica OKDIARIO. El Ejecutivo venezolano presentó una  Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela donde rebajó la mayoría de dos terceras partes de la Asamblea Nacional a una mayoría simple a la hora de designar a los magistrados del Alto Tribunal.  Cabe recordar que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, asesoró al régimen de Hugo Chávez de Venezuela junto a otros dirigentes morados a través de la fundación Ceps (Centro de Estudios Políticos y Sociales).