El CGPJ ve un «ataque sin paliativos» las concentraciones de políticos catalanes y censura su «estrategia de presión»

El Consejo General del Poder Judicial ha censurado firmemente el «ataque directo y sin paliativos» a la independencia judicial que suponen las convocatorias ante el Palau de Justicia para apoyar a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la consellera Irene Rigau, citadas a declarar este martes como imputadas por organizar el 9N, y ha criticado las «estrategias de presión» orquestadas por representantes públicos.

En una declaración institucional aprobada en el Pleno celebrado este martes, el órgano de gobierno de los jueces ve «inadmisible» esta «estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno».

La declaración ha sido firmada por el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y 16 de los 21 vocales que forman el Consejo. No lo han suscrito las vocales Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda, ausentes en el Pleno por encontrarse fuera de Madrid.

Otros tres vocales han abandonado la reunión cuando ha llegado la votación de este punto: la vocal Roser Bach, designada a propuesta del PSOE y esposa del conseller catalán de Justicia, Germà Gordó; la vocal Concepción Sáez, nombrada a propuesta de IU; y el vocal Enrique Lucas Murillo, designado a propuesta del PNV.

Los tres vocales han optado por ausentarse de la votación tras haber reclamado más tiempo para debatir la declaración institucional acordada y no haber sido atendida su petición.

En el texto aprobado, el CGPJ traslada su apoyo a los jueces catalanes y se suma a la declaración expresada en una línea similar por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña denunciando «un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial». «La Sala de Gobierno no puede permanecer impasible cuando constata que se convocan manifestaciones y concentraciones a la puerta del Palacio de Justicia con el objetivo de cuestionar la legitimidad de los jueces y además pretender influir en su toma de decisiones», subraya el órgano de gobierno de los jueces.

La convocatoria de estas manifestaciones suponen, según el CGPJ, «un ataque directo y sin paliativos a la independencia judicial» y ponen en entredicho uno de los fundamentos esenciales del Estado constitucional como es la independencia judicial, que, según recalca, «no es un privilegio de los jueces sino una garantía de los ciudadanos».

«Su cuestionamiento resulta aun más inadmisible cuando responde a una estrategia favorecida, diseñada y encabezada por representantes públicos, algunos de ellos con funciones de gobierno», subraya la declaración, en la que se recuerda que el deber de no injerencia vincula especialmente «a aquellos que forman parte de los otros poderes, en los que se organiza nuestro sistema político».

En una línea similar, el CGPJ censura que se vinculen las decisiones judiciales con intereses políticos, como las acusaciones de juicio político vertidas desde representantes del Govern catalán. «Cuestionar de manera interesada que la actuación de los Tribunales de Justicia solo se debe a intereses políticos, promover la desconfianza social y pretender estrategias de presión constituye una negación de las bases de nuestra convivencia política», concreta.