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El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha revelado en una entrevista en TV3 el acuerdo con Pedro Sánchez para que el Gobierno no recurriese ante el Tribunal Constitucional la ley aprobada en el Parlament para imponer el catalán en las aulas.
El acuerdo supone una vulneración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que obliga a impartir un mínimo del 25% de las horas lectivas en español en las escuelas.
En julio, tras la reunión de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat, el ministro de la Presidencia ya expresó su respaldo a las aspiraciones independentistas con el catalán.
«El catalán es una lengua española y, por tanto, existe una obligación de impulso para el Gobierno central. Se fortalecerá su impulso en la escuela y se reafirma el compromiso del pleno dominio del catalán y el castellano al acabar los estudios», destacó Félix Bolaños. El Ejecutivo central reconoció entonces la autonomía de los centros educativos para programar su política lingüística, lo que en la práctica supone la desaparición del español. Cabe recordar que la llamada ley de «usos lingüísticos», que fue aprobada el pasado mes de julio en el Parlament, contó con el voto a favor del PSC. La norma vulnera la obligación de impartir al menos un 25% de las asignaturas en castellano.
Además, el Gobierno se comprometió entonces a impulsar que los ciudadanos puedan ser atendidos en la lengua que elijan en el ámbito de la Administración General del Estado así como a revisar el reglamento del Senado para que los senadores puedan expresarse en sus lenguas cooficiales. También se promoverá su uso en el Parlamento Europeo.
Aragonés ha desvelado ahora que, en el marco de esos «acuerdos de protección de la lengua catalana», se pactó también «que no se impugnara la ley del catalán en la escuela». El presidente separatista ha considerado que esta cuestión era «imprescindible» para «generar confianza en las partes de la negociación».
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