Mayer y Sánchez Mato muy sonrientes antes de declarar por malversación, prevaricación y delito societario

Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato
Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla. (Foto: Francisco Toledo)

El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, y la de Igualdad, Celia Mayer, han llegado muy sonrientes este lunes a Plaza de Castilla para declarar ante el juzgado de instrucción número 21 acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario tras denunciar ante la Fiscalía el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Mutua Madrid Open.

Según la providencia fechada a 16 de junio, la magistrada admite a trámite una querella presentada por el Grupo Popular del Ayuntamiento en relación con el convenio firmado entre el consistorio y el Mutua Madrid Open y citó a declarar a los dos concejales junto a la ex consejera de Madrid Destino Ana Varela.

La resolución judicial explica que se admite a trámite la querella al entender que reúne los requisitos marcados por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato
Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla. (Foto: Francisco Toledo)

«Hechos graves»

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid presentó una querella contra los dos concejales así como contra Ana Varela, en su calidad de directivos de Madrid Destino, por «prevaricación» y «malversación de caudales públicos» en el encargo de dos informes externos para denunciar presuntas irregularidades penales en el convenio firmado por el Ayuntamiento de Madrid en época de Alberto Ruiz-Gallardón con Madrid Trophy Promotion (MTP), encargada de la organización del Mutua Madrid Open.

En relación a los motivos de la querella, el portavoz del PP en el Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, explicó que su grupo decidió presentar esta querella directamente al juzgado al ser los hechos «graves» y «bien caracterizados desde el punto de vista penal». Además, detalló que la prevaricación sería como consecuencia de la falta de justificación de los informes encargados, «más allá de la evidente intencionalidad política».

«Creemos que debía haber ido a concurso público, pero si no fuera así al menos se tenían que haber pedido tres ofertas, que tampoco se solicitaron y se hicieron a doc a dos despachos de abogados», explicó a finales de mayo el portavoz ‘popular’, destacando que es «obvio» que hay un caso de malversación.

Los ‘populares’ sostienen que puede haber presunta malversación ya que había tres informes de la asesoría jurídica que descartaban ilegalidad alguna en el convenio de tenis y que había un cuarto informe que descartaba también cualquier tipo de irregularidad.

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