España
Caso Acuamed

El ‘caso Acuamed’ se desinfla: el juez permite la vuelta al trabajo de los directivos imputados hace cuatro años

Nueva decisión del juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado ‘caso Acuamed’, Manuel García Castellón, que apunta a un giro brusco en este supuesto caso de corrupción en esta empresa pública durante la etapa de Gobierno del PP -utilizado por el PSOE para desgastar políticamente al entonces presidente, Mariano Rajoy-.

El juez -en un auto del 20 de enero- ha decidido permitir la reincorporación a su puesto de trabajo en Acuamed de tres directivos imputados, y en algún caso encarcelado, hace ya cuatro años, en enero de 2016. Se trata de Gabriela Mañueco, Javier Gómez y Pablo Martín. Hasta ahora, estos directivos tenían prohibida la entrada a su puesto de trabajo para evitar en principio una posible destrucción de pruebas. «¿No serán tan culpables si el juez les permite volver a trabajar en la misma empresa donde supuestamente delinquieron no?», ironizan fuentes de la defensa.

La medida se une a otras que ha ido tomando el magistrado desde que tomó las riendas del caso en sustitución de Eloy Velasco, como la paulatina reducción de las fianzas, que empezaron en 600.000 euros y ya están en 50.000 euros en el peor de los casos.

Además, se da la circunstancia de que, como ha venido contando este diario, dos de las tres denunciantes de este caso, directivas también de Acuamed, Azahara Peralta y Gracia Ballesteros, han sido a su vez imputadas por cambiar los concursos públicos de dos obras para favorecer a una empresa concreta, Contratas Vilor. Las denunciantes, denunciadas.

Cuando se reincorporen a su trabajo, en principio este mismo lunes, los directivos investigados coincidirán en su puesto de trabajo con las denunciantes ahora imputadas, Peralta y Ballesteros.

Sánchez

Este caso fue uno de los utilizados políticamente por el PSOE para desgastar al entonces Gobierno del PP. Los líderes socialistas realizaron numerosas declaraciones públicas cuando estaban en la oposición culpando al PP y al ex ministro de Agricultura, Miguel Árias Cañete, de corrupción.

En julio de 2016, el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguró la legislatura con una petición de apertura en el Congreso de los Diputados de una comisión de investigación sobre este caso «que además de implicar a altos cargos de Agricultura salpica también a un comisario europeo», señaló Sánchez en referencia a Cañete.