España
Estado de alarma

Casado propone a Sánchez un estado de alarma de 8 semanas con movilidad limitada en los puentes

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado este lunes las condiciones de su partido para apoyar el nuevo estado de alarma de Pedro Sánchez, que establece un ‘toque de queda’ obligatorio. Son dos exigencias: la primera, que la duración se acorte a ocho semanas, en lugar de los seis meses que pretende el socialista.

La condición supone que el estado de alarma se extienda hasta mediados de diciembre. Casado ha reclamado además que se limite la movilidad en los próximos puentes: el del 1 y 9 de noviembre (festivo en la Comunidad de Madrid) y el de la Constitución.

» Vamos a dar un margen para intentar llegar a un acuerdo. Pedimos que se pueda limitar la movilidad en los tres principales puentes que vienen. En el campo económico, queremos salvar la campaña navideña. Y si se permite, queremos dar tranquilidad a los españoles, sobre todo los mayores, que ven que no pueden ver a los suyos hasta el 9 de mayo», ha dicho el líder de la oposición, durante su intervención en el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar.

La segunda exigencia es que Sánchez acepte el ‘plan B’ propuesto por el PP desde hace meses, que permitiría limitar la movilidad en casos de pandemia a través de una modificación de varias leyes vigentes, entre ellas, la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986. Los ‘populares’ registraron esa propuesta de reforma en el Congreso ya el pasado julio, y con ella se permitiría «controlar y limitar las entradas y salidas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento dentro de dicha zona» sin necesidad de recurrir al estado de alarma.

«Un gran fracaso»

Casado, que ha revelado que habló con Sánchez en la mañana del domingo, ha valorado el estado de alarma como «la constatación de un gran fracaso» y ha recordado que, en caso de pandemias, «es el Gobierno de la Nación quien tiene la responsabilidad y no las comunidades autónomas».

«La alarma es una excepcionalidad constitucional», ha incidido. Asimismo, ha recordado que es necesario desarrollar la normativa para evitar este instrumento, que «tiene que estar sujeto al control parlamentario». Sánchez presentará este martes al Congreso una única prórroga para extenderlo hasta el 9 de mayo y prevé no acudir al Parlamento a dar rendir cuentas, delegando esa responsabilidad en el ministro Salvador Illa.

El líder del PP estima, además, que el decreto podría «ir en contra de la Constitución»  porque «no puede sustituir la garantía de derechos fundamentales, y menos que lo hagan dirigentes autonómicos». Además, ha destacado, «contradice» las directrices europeas sobre la duración limitada de las medidas excepcionales y ha señalado que podría ser también inconstitucional que no exista un «control jurisdiccional».

No obstante, se ha mostrado dispuesto a negociar. «Espero que tengamos la oportunidad de hablar durante la semana», ha valorado.

El decreto aprobado por el Consejo de Ministros, y ya en vigor, prohíbe la circulación entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana en toda España, excepto en Canarias, por sus buenos datos epidemiológicos. Las comunidades autónomas podrán adelantar o retrasar una hora el inicio y el final de ese ‘toque de queda’.

Además, las comunidades tendrán potestad para limitar la movilidad en la totalidad de su territorio o en un «ámbito territorial inferior», así como para establecer un máximo de seis personas en reuniones sociales y familiares, tanto en espacios públicos como privados.