Los ex concejales podemitas Sánchez Mato y Celia Mayer a juicio por prevaricación y malversación

Los concejales podemitas Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer irán a juicio acusados de un presunto delito de malversación y prevaricación, al encargar informes por valor de 50.000 euros sobre el convenio para la celebración del Open de Tenis. Ambos fueron ediles en el Ayuntamiento de Madrid bajo la tutela de Manuela Carmena.

En un auto fechado el 17 de julio, el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid requiere a los acusados para que en el plazo de un día presten «conjunta y solidariamente» fianza en cantidad de 56.900 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva pudieran imponérsele, en cualquiera de las clases señaladas en los artículos 591 y 783 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el apercibimiento «de que de no prestarla se le embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».

El titular del juzgado «ratifica la libertad provisional» de los imputados y designa a la Audiencia Provincial de Madrid como órgano competente para celebrar el juicio oral. Precisamente la Audiencia Provincial desestimó en enero los recursos interpuestos por ambos frente al auto anterior de procesamiento.

La causa judicial se abrió a raíz de una querella interpuesta en 2017 el Grupo Municipal Popular, (también denunció la asociación Transparencia y Justicia) contra ambos por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y un delito societario en relación a la denuncia que impulsaron en su día en Fiscalía sobre el convenio para la celebración del Mutua Madrid Open, que se sustentó en la elaboración de sendos informes encargados por Madrid Destino por valor de 50.000 euros cuando ambos estaban en cargos de máxima responsabilidad en la empresa municipal, al plantear que había a su vez otros tres informes de la asesoría jurídica que lo descartaban.

«Los querellados decidieron presentar la denuncia en la Fiscalía con los informes elaborados por los despachos de abogados elegidos por ellos para redactar la misma y que no realizaban un análisis completo de los informes que fundamentaban las decisiones adoptadas por los responsables del Ayuntamiento en la fecha en la que se firmaron los contratos y contra los que presentaban la demanda», recogía el auto de procesamiento.

Tanto Mato como Mayer habían alegado en su día que el auto de procesamiento vulneraba su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y les causaba «indefensión» porque adolecía de «falta de motivación» y se situaba en el «ámbito de la arbitrariedad».

«Persecución del PP»

Carlos Sánchez Mato ha recurrido al argumento fácil y ya nada creíble de la «persecución del PP» y, además, ha ligado su caso de corrupción al ex comisario José Manuel Villarejo.

También ha recalcado que el contrato denunciado siguió «el mismo trámite» que todos los anteriores realizados con despachos legales por parte de Madrid Destino en los años anteriores de gobierno de Ruiz Gallardón y Ana Botella y se siguió «escrupulosamente todos los hitos legalmente necesarios», procedimientos de contratación que «siguen vigentes hoy».

«El PP ataca y persigue a quien denuncia su corrupción. Yo lo he hecho y asumo las consecuencias de su venganza», ha manifestado para reiterar que actuaron conforme a la legalidad.

Por su parte, IU Madrid ha indicado en un comunicado que la acusación sostiene que la contratación de dos equipos de abogados para estudiar la gestión y posibles irregularidades del Open de Tenis durante el gobierno municipal dirigido Alberto Ruíz Gallardón supondría malversación y prevaricación administrativa.

La formación ha recalcado que se trata de un planteamiento desestimado por el propio Ministerio Fiscal, que pide el sobreseimiento del caso al considerar que no se da delito alguno.

Desde Izquierda Unida se solidarizan y mantienen su «total apoyo a Carlos Sánchez Mato» pues su actuación respondía a su «legítimo derecho de examinar y fiscalizar la gestión de recursos públicos del Ayuntamiento de Madrid, en línea con sus responsabilidades como concejal de Hacienda».

«Consideramos un error la apertura de un juicio oral contra el criterio del propio Ministerio Público y valoramos como desproporcionadas las medidas cautelares establecidas por el juzgado de instrucción».

También rechazan «el uso de argucias legales por parte del PP para desviar la atención de su propia responsabilidad en innumerables casos de corrupción, y criminalizar a aquellos que, a pesar de todas las presiones, luchan para investigar y denunciar sus tramas», ha zanjado.