Campo crea el caos contratando a personas sin experiencia como funcionarios para la Audiencia Nacional

La falta de diligencia del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para renovar las bolsas de trabajo de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial, que están agotadas desde 2017, ha llegado generar un caos en la Audiencia Nacional muy difícil de solventar. Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes de toda solvencia, las plazas vacantes de los diferentes juzgados se están cubriendo con gente procedente del INEM a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El problema es que está entrando personal sin ningún tipo de conocimientos de la Administración de Justicia, y sin experiencia previa, lo que está generando no sólo atascos, sino un caos sin precedente, y más de un problema grave con las causas judiciales.

Así, y según aseveran las fuentes consultadas, muchas de estas personas que entran a trabajar en la Audiencia Nacional no duran más de diez días en su puesto de trabajo. «Cuando se les contrata, el magistrado tiene un mes para rechazarlos. Aquí es muy normal que entre alguien y, a los diez días como máximo, se le rechace y haya que buscar a otra persona que le reemplace», explican las fuentes.

El problema de todo esto estriba en el hecho de que, como explican a OKDIARIO, «así, es imposible sacar los temas adelante, porque siempre hay falta de funcionarios». Pero es más, las fuentes consultadas advierten sobre el hecho de que ya ha habido problemas mucho más serios, como por ejemplo dejar de notificar cosas, no saber cómo se utilizan los sistemas informáticos, qué es cada cosa, o estar a punto «de meter la pata con un preso al que había que dejar en libertad».

«Es un mal endémico que nadie soluciona», apostillan las fuentes, quienes recuerdan que hace casi cuatro años, tres con el PSOE en el Ministerio de Justicia, que están con estos problemas. Unos problemas que, últimamente con el ‘baile’ de funcionarios que hay en la Audiencia Nacional, se han visto incrementados de una forma exponencial. «Es un auténtico caos. Algún día habrá un problema muy serio y, entonces, a ver de quién es la culpa», dicen.

Ejemplos

Entre los ejemplos de barbaridades que han sucedido debido a la inexperiencia está, por ejemplo, el del condenado que se presentó en ejecutorias para saber si ya debía entrar en prisión porque sus «compinches» ya habían ingresado, y él no quería ser detenido en plena calle. El funcionario le dijo, ante la estupefacción del Letrado de la Administración de Justicia (LAJ) que estaba justo detrás, que no le podía atender y que se marchase, pero «no muy lejos, por si mañana va la Guardia Civil a por usted». El LAJ saltó y solventó la situación. ¿Qué habría pasado si no hubiera estado allí?

Otra de las situaciones berlanguianas se produjo cuando no se tramitó un recurso de apelación contra una prisión porque la persona que debía tramitarlo, como había hablado con la Abogacía del Estado y no iban a responder hasta septiembre, pensó que «no pasaba nada por dejarlo estar un mes». Tras «un enfado de órdago» del LAJ y del magistrado se tramitó.

Cuando OKDIARIO preguntó por lo que está sucediendo, las ‘anécdotas’ de los diferentes juzgados se acumulan y se cuentan por decenas. Las anteriores son sólo algunos de los ejemplos de lo que se vive cada día en la Audiencia Nacional.

‘Territorio Ministerio’

Las quejas sobre el ‘territorio Ministerio’ son históricas. Con ese nombre se conoce a las comunidades y órganos donde no están transferidas las competencias en materia de Justicia. En este caso, dicho territorio está compuesto por las comunidades autónomas de Extremadura, Murcia, Islas Baleares, Castilla-León, Castilla-La Mancha, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

De hecho, OKDIARIO ha hablado con personal de Justicia que trabaja en diferentes ciudades de este ‘territorio’, y las protestas son prácticamente las mismas que las de la Audiencia Nacional.

Los problemas con los funcionarios del ‘territorio Ministerio’, así como el agravio comparativo con el resto de comunidades autónomas que tienen las competencias transferidas viene de largo. Este mismo año, en febrero, el sindicato UGT denunciaba que existe una diferencia de hasta 8.000 euros anuales entre los salarios de los funcionarios de ambas competencias, donde, los que salen perdiendo son los que dependen del Ministerio de Justicia.