El calvario de los vecinos de Carabanchel con los okupas: «Con estas leyes de mierda, poco se puede hacer»

En una urbanización de Carabanchel, concretamente en la calle Excelente, se ha identificado que hay entre 27 y 28 pisos okupados en el mismo complejo inmobiliario, y ha alcanzado un punto crítico, donde se entrelazan tres realidades que definen la crisis habitacional en España: un fondo buitre propietario, vecinos legítimos que pagan alquileres de mercado, y okupas que aseguran haber sido estafados por una trama organizada. «Con las leyes de mierda estas que tenemos poco se puede hacer», lamenta uno de los propietarios afectados.

OKDIARIO ha estado en la urbanización preguntando por el entramado donde más de 20 viviendas han sido okupadas simultáneamente, tras el pago de cantidades que oscilan entre los 1.900 y 2.400 euros por «entrada», más cuotas mensuales de 300 euros. Los okupas, en su mayoría inmigrantes recién llegados a España, aseguran haber sido víctimas de una estafa orquestada por un individuo que ha desaparecido con más de 40.000 euros recaudados.

«Yo recién llevo poco tiempo en España. Yo no sé acá las leyes cómo son», confiesa uno de los okupas, que pagó 2.400 euros iniciales más 1.300 de mensualidad en diciembre. El supuesto estafador proporcionó números de teléfono falsos y desapareció tras cobrar, dejando a estas familias en una situación de ilegalidad.

Mientras tanto, los vecinos legítimos viven una pesadilla. Una inquilina peruana, madre de dos hijos pequeños, paga 1.140 euros mensuales por un piso de dos habitaciones y denuncia: «No nos dejan transitar libremente. Mis hijos no pueden bajar al parque porque están esta gente con sus perros de razas peligrosas sin bozal». La situación se agrava por las noches con «fiestas, peleas, paredes llenas de sangre», según su testimonio.

La propiedad pertenece a un fondo buitre, identificado como Vivenio, circunstancia que los okupas conocen y que, según fuentes policiales, complica los desalojos. Los precios de mercado en la zona rondan los «mil y pico euros» por un piso de dos habitaciones, lo que contrasta dramáticamente con los 300 euros mensuales que pagan los okupas.

Los problemas cotidianos se multiplican: «No podemos recibir ni envíos, ni pedidos, ni nada. Esta gente no deja pasar a ningún repartidor, pero sí deja pasar a 30 casas okupas», denuncia una vecina. La seguridad se ha deteriorado hasta el punto de que muchos padres evitan que sus hijos salgan por las tardes.

La Policía acude regularmente, pero la legislación actual limita su capacidad de actuación. «Con las leyes de mierda estas que tenemos, poco se puede hacer», lamenta uno de los propietarios afectados. Las denuncias se acumulan: «Cada piso tiene su denuncia», confirman los afectados.

Algunos inquilinos legales ya han abandonado sus viviendas, incapaces de soportar la situación. La convivencia se ha vuelto insostenible, con incidentes diarios que incluyen altercados, fiestas hasta altas horas de la madrugada y problemas de salubridad en las zonas comunes. La investigación ha revelado que los okupas tienen acceso a servicios básicos como agua y luz.