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Justicia

Bolaños ocultó a Gamarra el asalto al Constitucional que pactó un mes después con Egea

El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se negó a abordar nuevas reformas del Poder Judicial en la reunión que mantuvo con la portavoz del PP en el Congreso y actual número dos del partido, Cuca Gamarra, el 21 de septiembre de 2021, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes parlamentarias. Sin embargo, apenas un mes después, el 21 de octubre, el propio Bolaños firmó un pacto secreto con el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, que contemplaba una contrarreforma del CGPJ y un reparto de intereses en la renovación del Tribunal Constitucional.

En la reunión de septiembre entre Gamarra y Bolaños, celebrada a instancia del Gobierno dentro de una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, el representante del Ejecutivo expuso la negativa de Moncloa a estudiar una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de que «sean los jueces quienes elijan a los jueces». Aquel mismo día, el PP llevó al Pleno una proposición de ley en este sentido, pero los socialistas votaron en contra de su toma de consideración. Los populares reclamaron un «gesto» aquí del PSOE, pero Bolaños señaló a Gamarra que no podían plantear ninguna cuestión a modo de «condición», sino «cumplir la Ley y la Constitución» en cuanto a la renovación del CGPJ, cuyo mandato llevaba ya entonces casi tres años caducado.

En este contexto, según las fuentes parlamentarias consultadas, «Bolaños no dijo nada de la contrarreforma» del CGPJ que sólo un mes después firmó con García Egea. E incluso fue más allá, pues manifestó que no cabían más reformas al respecto, habiendo sido la última la aprobada en marzo -impulsada por PSOE y Podemos- para impedir que el órgano de gobierno de los jueces hiciera nombramientos estando en funciones. Precisamente, dar marcha atrás con esta prohibición, con la vista puesta en la renovación del TC, fue lo que Bolaños pactó con García Egea el 21 de octubre de 2021. Un mes después de negarle a Gamarra cualquier nueva reforma.

Además, fuentes del PP señalan que el Gobierno de Pedro Sánchez ya venía pergeñando esta contrarreforma del CGPJ al menos desde julio de 2021,  meses antes de la reunión entre Bolaños y Gamarra, y del pacto secreto entre el ministro de Presidencia y el ex número dos del PP. No ha sido hasta el pasado mes de julio, cuando el Ejecutivo ha terminado de completar su maniobra llevando al Congreso lo pactado con García Egea y que el PP de Alberto Núñez Feijóo ha rechazado en las Cortes. El CGPJ se reunirá el próximo 8 de septiembre para abordar los dos nombramientos que le corresponden del Constitucional.

«Amenaza»

Este jueves, en declaraciones a los medios en Porto do Son (La Coruña), Feijóo ha desvelado que ni el actual ni el anterior Comité de Dirección del PP trató el pacto secreto de García Egea con Bolaños, que Casado nunca le informó del mismo y que, ya en la nueva etapa del PP, Bolaños «amenazó» a su vicesecretario Institucional, Esteban González Pons, con filtrar el documento si los populares no cedían para renovar el CGPJ.

«Nos habían amenazado de que si no se llegaba al acuerdo que ellos dicen, ‘vamos a filtrar el papel’», ha aseverado Feijóo, que ha detallado que Bolaños aseguró a Pons que o llegaban a un acuerdo o filtraba el papel, a lo que su vicesecretario replicó que ese documento no les vinculaba y que lo filtrase cuando quisiera. «No vamos a aceptar que nos amenacen, es muy infantil», ha enfatizado.

Además, Feijóo ha remarcado que aquel documento publicado por el diario El País el pasado martes no vincula en nada al PP actual, que su propuesta es pública desde el pasado 11 de julio, que ésta pretende que los jueces tengan un papel efectivo en la elección de los jueces, junto a otros requisitos de regeneración democrática, y que el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho caso omiso a la misma.

Cabe reseñar también que en aquel pacto secreto entre Bolaños y Egea, que se realizó en el marco del acuerdo público para la renovación del Constitucional (por el cupo de las Cortes), el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, el que fuera mano derecha de Casado arrancó a Moncloa el compromiso de que los populares pudiesen elegir al sucesor del magistrado del TC que ha renunciado al cargo por enfermedad y que fue propuesto en 2017 por el PP, Alfredo Montoya.