España
Ministerio de Justicia

Bolaños no cierra la puerta al Poder Judicial catalán que exige Puigdemont: «Estamos abiertos al diálogo»

El ministro de Justicia afirma que los motivos de la huelga de jueces y fiscales son "absolutamente infundados"

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se muestra «abierto al diálogo» sobre el Consejo de Justicia catalán que Junts reclama al Gobierno para apoyar las reformas legales con las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere garantizarse más jueces y fiscales afines y tener «una Justicia servil» con la política.

Así lo ha declarado este viernes, en una entrevista en RNE, preguntado sobre esta exigencia que el expresidente autonómico catalán fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, ha hecho al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de apoyar dichas reformas, conocidas como Ley Bolaños, y que Junts ha plasmado en una enmienda al Proyecto de Ley.

Bolaños ha señalado que «la ley de reforma de la Justicia» impulsada por el Ejecutivo de Sánchez implica «una reforma muy ambiciosa» que en este momento está en trámite parlamentario, «donde se negocia, se habla, se dialoga con los grupos sobre las enmiendas que presentan».

El ministro ha indicado que «Junts, igual que otros, han presentado enmiendas muy variadas» y que la «voluntad» del Gobierno es «ceñirse al texto de la reforma de la Justicia» y «mejorar en esos términos lo que sea posible la ley».

Junts insta al Ejecutivo a crear un Consejo de Justicia catalán con competencias de gestión de nombramientos de jueces. El partido de Carles Puigdemont destaca en su propuesta el deseo de «ganar terreno al Estado» y avanzar, según dice, en «la independencia, la imparcialidad, la despolitización y la profesionalización de la Justicia».

«Estamos abiertos a cualquier diálogo dentro de los términos que recoge la reforma de la Justicia», ha sentenciado el ministro durante la entrevista, en la que también ha insistido en que la financiación para Cataluña tendrá en cuenta sus «singularidades» y ha negado agravios al resto.

Tras conocer que Zapatero, meritísima Cruz de San Raimundo de Peñafort, ha pedido a Puigdemont que impulse la Ley Bolaños, el ex magistrado del Tribunal Supremo Javier Borrego, además de «renunciado» a la orden, está «avergonzado», según declara a OKDIARIO.

«Que quien ha recibido la máxima condecoración por los servicios prestados a la Administración de Justicia esté impulsando la Ley Bolaños, aborrecible para los jueces, da una patada a la Justicia española», critica este magistrado emérito, denunciando que la cruz sea «usada para demoler a la Justicia española, usada como martillo».

«Y si se presta a dar a Puigdemont un Consejo catalán del Poder Judicial a cambio de apoyar la Ley Bolaños, entonces utiliza la meritísima cruz como dinamita a la Justicia, además de pisotearla», añade Javier Borrego, quien afirma que «no hay colonización sanchista de las instituciones, sino saqueo salvaje y brutal». 

Huelga de jueces y fiscales

Las reformas legales de Sánchez para asegurarse el control judicial tienen en pie de guerra a jueces y fiscales, que exigen su retirada por suponer un «amenaza a la independencia judicialy a la autonomía del Ministerio Fiscal» y, en consecuencia, «ponen en peligro el Estado de Derecho». La semana pasada secundaron una huelga masiva de tres días y ésta se han trasladado a Estrasburgo para alertar de ello a eurodiputados y altos representantes del Parlamento Europeo.

Preguntado Bolaños en la entrevista en RNE por este asunto, ha asegurado que los motivos de la huelga son «absolutamente infundados» y «falsos». Además, ha negado que la participación en la huelga fuera masiva, como sostienen las cinco asociaciones convocantes, que la califican de «éxito rotundo, con una media de seguimiento del 70% de los miembros de la carrera judicial y fiscal».

«Comprendo que cualquier reforma de la Justicia, como es esta, genere algún tipo de recelo, pero va en la línea correcta», ha defendido Bolaños. Afirma que  esta reforma puede que ahora genere debate o discrepancias, pero está convencido de que «en unos años será un gran consenso como el gran avance de la justicia en la democracia».

«Vamos a acabar con la penuria en número de jueces y fiscales que existe en nuestro país. Y también en medios digitales. Por fin vamos a incrementar los recursos que necesita la justicia», asegura.

Sin embargo, jueces y fiscales denuncian que estamos ante una reforma que «va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para su formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración».

Además, advierten que el Ejecutivo pretende «meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces, así como crear un centro de preparación de opositores dependiente directamente del Gobierno, con riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales de este país».

También subrayan que poniendo a Europa «como excusa», Sánchez «quiere modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud para ello, en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio de las promociones más jóvenes y de los miles de opositores que se están sacrificando para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal».

Sobre el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico de la Fiscalía  denuncian que «se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que, sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción».

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) advierten que lucharán contra estas reformas «hasta tumbarlas».

Plan anticorrupción

El ministro también ha sacado pecho este viernes en la citada entrevista sobre las 15 medidas anticorrupción de Sánchez, presentadas el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, y ha asegurado que para cumplir el plan se destinará «el presupuesto que sea necesario». También ha dicho que el Ejecutivo se ha comprometido con la OCDE a someterse a una evaluación del cumplimiento de este plan al año y a los dos años, cuando acabe la legislatura.

Por su parte, los jueces preguntados por OKDIARIO por el plan anticorrupción de Sánchez afirman que «muchas de las medidas anunciadas son redundantes o ya están vigentes». «Por ejemplo, la protección a los denunciantes ya está contemplada, y el decomiso de bienes ya es posible en nuestro ordenamiento penal. También existen mecanismos para impedir que empresas condenadas por corrupción contraten con la Administración», declara el magistrado Sergio Oliva Parrilla, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), destacando que «repetir lo que ya existe no es reformar, es marketing».

«La creación de una nueva Agencia de Integridad Pública tampoco parece responder a una necesidad real: ya contamos con órganos especializados como la Fiscalía, los jueces, las Fuerzas de Seguridad o el Tribunal de Cuentas. Lo que falta no es estructura, sino voluntad política para dejarles actuar con autonomía», afirma AJFV.

Los jueces ven clave en la lucha contra la corrupción derogar o ampliar los plazos de la instrucción para que las causas de corrupción no se cierren en falso. Tanto AJFV como Foro Judicial Independiente (FJI) reclaman una reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que limita los plazos de instrucción. 

«Las tramas de corrupción son complejas, por lo que esta reforma permitiría solucionar los verdaderos problemas que día a día ya tienen los juzgados de instrucción para investigar sin dotación de medios y se salvarían las enormes dificultades interpretativas que dicho precepto general», afirma Sergio Oliva. Y hace hincapié en que «para combatir realmente la corrupción, no basta con anunciar agencias nuevas o herramientas tecnológicas si no se garantiza antes algo esencial: la independencia efectiva del Poder Judicial y de la Fiscalía».

«Sin blindar a la Fiscalía de injerencias del Ejecutivo, especialmente en casos que pueden afectarle directamente, medidas como otorgar la instrucción penal a los fiscales resultan muy preocupantes», concluye Sergio Oliva.

En el mismo sentido se pronuncia el magistrado Fernando Portillo, presidente de Foro Judicial Independiente, conocido en redes sociales como Judge the Zipper. «Cualquier pretensión de luchar contra la corrupción que venga de un Gobierno que lleva ya siete años de ejercicio y que se encuentra precisamente acosado por causas de corrupción y que sólo reacciona cuando éstas se han conocido no es digno de confianza. Además, presenta el plan justo cuando la Comisión Europea afea precisamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez no haber luchado lo suficiente contra la corrupción», manifiesta. 

«Estamos hablando de un Gobierno que rebajó las penas del delito de malversación de fondos públicos, que precisamente es uno de los delitos de corrupción más importantes en nuestro Código Penal», agrega Portillo, recalcando que este Ejecutivo «es poco creíble».

Respecto a que Sánchez diga que una medida favorecedora de la lucha contra la corrupción sea la atribución a la Fiscalía de la investigación de los delitos, recuerda que jueces y fiscales llevan tiempo advirtiendo que «con esta Fiscalía y como se quiere reformar, reforzando todavía más la defensa del fiscal general del Estado, eso no sería precisamente reforzar la lucha contra la corrupción, sino justo lo contrario».

«Una instrucción dirigida por una Fiscalía dependiente jerárquicamente del fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, va a arrojar sospecha de eficacia cuando se trate de casos de corrupción que afecten precisamente a ese Gobierno que ha nombrado al jefe de todos los fiscales», insiste Portillo, destacando que para luchar contra la corrupción hay que «reforzar y aumentar los medios de una Justicia independiente, una Fiscalía autónoma y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces».

Por último, apunta que «llama la atención se quiera hablar de lucha contra la corrupción, cuando uno de sus pilares básicos es un Poder Judicial fuerte e independiente y curiosamente estemos con las leyes del Gobierno que van a intentar la influencia política sobre el Poder Judicial». «Es un contrasentido, nadie se lo puede tomar verdaderamente en serio», zanja.