Belarra persigue a Motos: lleva a la Fiscalía los chistes sobre la candidata podemita en ‘El Hormiguero’

• Marta Torres
• Corresponsal internacional. He escrito en La Razón, El Mundo, Wall Street Journal Edición Américas.
• • 19/05/2023 20:37
  • Actualizado: 19/05/2023 21:02

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 de Ione Belarra ha puesto este viernes en conocimiento de la Fiscalía las «burlas» vertidas sobre la candidata de Podemos para la Alcaldía de Valencia, Pilar Lima, por parte del presentador del programa El Hormiguero Pablo Motos, y su colaborador, Miguel Lago, por «incitar a la discriminación» buscando que se «investigue si estas palabras pueden constituir un acto de discriminación», según ha anunciado Jesús Marín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad dependiente del citado ministerio.

Según se ha explicado desde el Ministerio de Derechos Sociales, tanto Pablo Motos como Miguel Lago «comentaron en directo entre mofas la discapacidad y la orientación sexual de la candidata valenciana el pasado martes en su programa». Una reacción después de que en el programa de entretenimiento de Pablo Motos se hiciera referencia al discurso de la ministra de Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez, Irene Montero, en un mitin de Podemos en Valencia, que abría la campaña a los comicios municipales y autonómicos. Allí, Montero destacó como valor la condición sexual de su candidata a la Alcaldía de esa ciudad, Pilar Lima, como una de las cualidades que tiene para ser la alcaldesa «que necesita Valencia». En concreto, la de «bollera», según dijo entonces. Sus palabras fueron: «Querida Pilar: eres la alcaldesa que necesita Valencia. Una mujer sorda, bollera, feminista, valiente, que no se va a poner de perfil».

En su escrito a la Fiscalía, desde la dirección general indican que «las manifestaciones realizadas suponen un ataque al derecho a la igualdad y la no discriminación de todas las personas con discapacidad y contribuyen a mantener en el imaginario colectivo estereotipos y prejuicios que afectan muy gravemente la vida de las personas con discapacidad».

A su juicio, los comentarios pronunciados dieron «a entender explícitamente que es absolutamente absurdo que una persona con discapacidad, en este caso ‘por ser sorda o coja’, no esté capacitada para poder desempeñar las funciones propias del cargo político para el que fuese elegida».

Asimismo, señala que la Ley General de Comunicación Audiovisual establece que «la comunicación audiovisual no incitará a la violencia, al odio o a la discriminación contra un grupo o miembros de un grupo por razón de (…) discapacidad, orientación sexual, identidad de género» y que «la comunicación audiovisual respetará el honor, la intimidad y la propia imagen de las personas».

También recuerda que en los artículos 17 y 22 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se reconoce «el derecho de todas las personas con discapacidad a que se respete su integridad mental en igualdad de condiciones con las demás y a ser protegida de agresiones ilícitas contra su honor y su reputación».

Igualmente, recuerda que la recientemente aprobada Ley de Igualdad de trato y no discriminación señala en su artículo 22 que las administraciones públicas «promoverán el cumplimiento (…) de la no discriminación y la no promoción de una imagen estereotipada de las diferentes personas y grupos de población».

«Con manifestaciones como las que aquí se denuncian se incita a la discriminación contra las personas con discapacidad y se contribuye a perpetuar su estigmatización y exclusión social, cuando es obligación del Estado español luchar contra estos estereotipos y prejuicios y tomar las medidas pertinentes para que se respete la dignidad de las personas con discapacidad y se tome conciencia de sus capacidades y aportaciones a la sociedad», añade la dirección general de Derechos de las Personas con Discapacidad, en su escrito.