Begoña Gómez pide a la Audiencia de Madrid que archive la instrucción del juez sobre su «vida y obra»
Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha pedido a la Audiencia de Madrid el archivo de la causa que instruye el juez Peinado contra ella por delitos de corrupción. La defensa de la mujer del presidente, a cargo del ex ministro Antonio Camacho, solicita a la Audiencia provincial, instancia superior del juez instructor, el archivo de lo que denomina «una investigación universal» y acusa al juez Peinado de emprender una causa sobre «la vida y obra» de Begoña Gómez.
El abogado de la mujer del presidente del Gobierno asegura que la instrucción tiene carácter «prospectivo», (dar por supuesta la culpabilidad de un investigado) lo que está prohibido expresamente por ley.
Begoña Gómez también pide el archivo de la causa al considerar que no hay indicios que le relacionen ni con los contratos investigados ni con las «vicisitudes económicas de Air Europa». En el escrito, solicita que anule la resolución en la que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid dijo que estaba investigando «todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España que se contienen en la denuncia inicial» de Manos Limpias, a excepción de los contratos que investiga la Fiscalía Europea, según ha informado Ep.
La defensa insiste en que el juez sigue sin aclarar cuáles son los hechos que se investigan en el procedimiento que dirige en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Asegura que las diligencias acordadas hasta ahora «ponen de manifiesto que el instructor pretende extender la investigación más allá de lo que fallo la Audiencia Provincial en su auto dictado hace poco más de un mes».
Sobre este extremo, el abogado de Gómez subraya que «se están investigando hechos respecto de los cuales ya la Audiencia Provincial sostuvo que no había base probatoria suficiente y ello, sin que se hayan aportado elementos distintos de los que se contenían en la denuncia inicial».
Camacho considera que «el juzgado está yendo más allá de los límites de la investigación tal y como esta fue configurada en el auto de la Audiencia Provincial (…) sin que se haya aportado elemento probatorio alguno que pueda servir para iniciar la investigación en los ámbitos que investiga en este momento».
El circo de la declaración
Esta petición de archivo del caso Begoña Gómez se produce después de que la mujer del presidente fuera de declarar el pasado 5 de julio, pero el juez suspendiera su testimonio El magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, la citó de nuevo el próximo 19 de julio, dado que Gómez alegó que no había sido informada de la querella de la asociación Hazte Oír, tampoco de qué se le acusa. Cabe recordar que es la primera vez en democracia que la mujer de un presidente del Gobierno es citada ante un magistrado.
Begoña Gómez entró en el juzgado a las 10:18 horas. El juez le preguntó si conocía la razón por la que estaba allí, y ella respondió que «no». Al escuchar las alegaciones de la mujer del presidente, el magistrado hizo un receso para que leyera los términos de la acusación y después suspendió la comparecencia para no generarle «indefensión». La declaración de la esposa de Sánchez se grabó en vídeo, aunque sólo se registró en imágenes la respuesta negativa de la esposa del líder socialista.
Begoña Gómez había sido citada como imputada el pasado viernes en el marco de una investigación por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios después de una denuncia del sindicato Manos Limpias. La organización acusa a Gómez de haber remitido dos cartas de recomendación para la adjudicación de contratos públicos a favor de Juan Carlos Barrabés, un empresario que ejercía de gurú y socio de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía la esposa del presidente.
Despliegue sin precedentes
Más de 200 policías, 21 furgonetas, un helicóptero y drones blindaron la declaración como de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza de Castilla. En los juzgados había dos grupos de Unidad de Intervención Policial (UIP) y otro más del Grupo de Acción Rápida (GAR). Cada grupo aportó siete furgones y 50 agentes, por lo que hubo cerca de una veintena de las conocidas como lecheras y 150 agentes.
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