Batet no quiere acabar como Forcadell ante el Supremo y se dispone a echar al pateapolicías

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Información política, PP, Congreso y Senado
• • 21/10/2021 17:24
  • Actualizado: 21/10/2021 21:15

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, se ha mostrado permeable a expulsar al condenado e inhabilitado Alberto Rodríguez (Podemos) tras el escrito del Supremo instándole a ejecutar su inhabilitación. En la reunión de la Mesa celebrada este jueves, ha dejado entrever que si es ella quien asumía la responsabilidad del caso (no la Mesa) iba a comunicar al Supremo el cumplimiento de la ejecución de la inhabilitación, según fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO.

De esta manera, Batet abre la puerta a la expulsión para no seguir los pasos de la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, condenada junto a los otros miembros de la Mesa por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional al permitir la tramitación de las leyes del proceso separatista del 1-O en Cataluña.

Entretanto, desde Presidencia del Congreso se ha señalado a la prensa a través de una nota que «la Mesa, por mayoría de 5 (PSOE -sin Batet- y Podemos) a 3 (PP y Vox), ha acordado solicitar al Tribunal Supremo una aclaración sobre los efectos de su sentencia en la condición de diputado Alberto Rodríguez», y ello, «sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso para dar respuesta al oficio del Tribunal Supremo recibido ayer sobre el inicio del cómputo de la pena». Cabe recordar que el Alto Tribunal ya remitió una aclaración de sentencia al propio diputado, ratificando su inhabilitación. Ahora, está pendiente que Meritxell Batet conteste formalmente al oficio del Supremo.

La Mesa del Congreso se ha reunido este jueves de urgencia, durante más de dos horas, para abordar la situación del diputado de Podemos Alberto Rodríguez, condenado e inhabilitado por el Supremo. El órgano de gobierno de la Cámara baja, convocado por su presidenta, tenía sobre la mesa los escritos de la oposición pidiendo tanto que se reconsiderara el indulto otorgado el pasado martes al condenado, que ha seguido en el escaño, como que informara al Supremo de los votos particulares emitidos por PP y Vox, donde reclamaban la ejecución de la inhabilitación, conforme a la sentencia del Alto Tribunal.

Este indulto al agresor de la Policía en una manifestación en 2014, basado en un polémico informe sin firma encargado ad hoc a los letrados del Congreso, le fue concedido a Rodríguez por el PSOE y su propio partido sin oír siquiera a la Junta Electoral Central (JEC), como reclamaron los representantes de la oposición.

La Mesa del Congreso, con los 6 votos de PSOE y Podemos frente a los 3 de PP y Vox, acordó el pasado martes que Rodríguez siguiera de diputado, dejando sin efecto su inhabilitación por inelegibilidad sobrevenida decretada por el Tribunal Supremo. Por ello, y ante esta situación de rebeldía, el miércoles el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, se dirigió mediante un oficio a la presidenta del Congreso de los Diputados para que ésta remita al Tribunal Supremo «el informe sobre la fecha del inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo impuesta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, con la finalidad de realizar la liquidación de su condena».

El Tribunal Supremo condenó a Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad a una pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión se conmutó por pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).

«No es sustitutivo»

En este contexto, el informe de los letrados agrega que «atendiendo al literal del artículo 6.2 a) de la LOREG, que vincula la inelegibilidad con la condena penal firme a pena privativa de libertad en el período que dure la pena, no cabría apreciar en este caso la concurrencia de tal inelegibilidad, toda vez que la pena privativa de libertad, en tanto que sustituida ab origine, no ha llegado a nacer en ningún momento». Este es uno de los argumentos presentes en el escrito que el propio Alberto Rodríguez elevó la semana pasada a la Mesa del Congreso en contra de la sentencia del Supremo. Y al que PSOE y Podemos se agarraron el martes.

Sin embargo, tanto PP como Vox dejaron claro en dicha reunión que la «multa económica impuesta sólo sustituye -y únicamente porque se ha producido una atenuante muy cualificada- a la condena de privación de libertad, a la que la sentencia del Tribunal Supremo añade la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena». «No se trata de un elemento sustitutivo, sino que es complementario», enfatizaron.

En su voto particular emitido el martes, el vicepresidente cuarto de la Mesa y diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ya avisó a Batet que podía incurrir en un delito de prevaricación si indultaba a Rodríguez en contra de la sentencia del Supremo. Tras el oficio posterior del Alto Tribunal, la presidenta ya podría caer en un delito de desobediencia, según fuentes parlamentarias.