Batet niega que el aforamiento sea un «privilegio» y recuerda que su eliminación exige una reforma constitucional

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha dicho este miércoles que el aforamiento del que gozan algunos políticos por ostentar determinados cargos públicos, como es el caso del presidente del PP, Pablo Casado, no es un «privilegio». Además, ha indicado que los partidos que deseen eliminar esta figura pueden plantearlo en el Congreso, pero les ha recordado que eso requeriría una reforma de la Constitución y, por tanto, amplios consensos.

«El aforamiento es percibido como un privilegio, pero no es exactamente un privilegio. No es que esa persona no vaya a ser juzgada o vaya a escapar de la Justicia; esa persona va a ser juzgada», ha declarado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en relación con la situación de Casado.

En este sentido, ha afirmado que «el criterio jurídico» del Tribunal Supremo «debe ser exquisito y lo es», también cuando analice las dudas sobre el máster que Casado obtuvo en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Después de que la jueza instructora le haya trasladado la causa, será el alto tribunal el que deberá decidir si investiga al líder ‘popular’, que está aforado por su condición de diputado.

Batet ha asegurado que lo que decida el TS «estará bien decidido» y que Casado «será juzgado de la misma manera que cualquier otro ciudadano» y además «sin posibilidad de presentar recurso» en el caso de no estar conforme con la sentencia que se dicte, algo que sí podrían hacer otros alumnos del mismo máster que no serán juzgados por el Tribunal Supremo al no estar aforados.

En cualquier caso, la ministra ha dicho que los grupos parlamentarios que lo deseen –como Ciudadanos– pueden proponer en el Congreso una modificación de la Carta Magna para suprimir el aforamiento de diputados y senadores, una figura que nació «para proteger la institución, el Parlamento».

«Estamos en el siglo XXI, podemos replantearnos muchas cosas y es bueno hacerlo, porque la sociedad y el país han cambiado, pero hacen falta unos consensos enormes, exigentes, para abordar una reforma de la Constitución», ha manifestado.