Bassa: las leyes de ‘desconexión’ se aprobaron para «tener algo preparado» si había acuerdo con el Estado

Incluso ha llegado a decir que el ex president Carles Puigdemont afirmó públicamente que la fecha y la pregunta del referéndum podrían ser modificadas «porque hasta el último momento» el Govern consideró la posibilidad de abrir un diálogo y alcanzar un acuerdo.

La ley de transitoriedad fue aprobada por el Parlament junto con la ley de referéndum los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y, según ha explicado Bassa, se hizo inspirada en el programa electoral de Junts pel Sí, que a su vez estaba «copiado» del acuerdo entre Reino Unido y Escocia para la celebración de un referéndum de independencia.

La acusada, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión y malversación, ha dicho que nadie en el Govern consideró que esta ley incumplía los mandatos que ya había dado el Tribunal Constitucional con resoluciones anteriores. De hecho, ha subrayado que ni siquiera hablaron sobre el tema y que no sabían que el tribunal de garantías también «suspendería» esta norma.

Así lo ha afirmado Bassa en respuesta a las preguntas del fiscal Fidel Cadena, desmarcándose así de la estrategia de defensa que hasta ahora han seguido los acusados de ERC, Oriol Junqueras y Raül Romeva, quienes en sesiones anteriores del juicio han optado por no contestar a ninguna de las acusaciones.

Como los cinco acusados que han declarado anteriormente, la ex consejera ha asegurado que no conocía el documento Enfocats, que marcaba el proceso independentista. En lo que sí se ha diferenciado del resto es en que tampoco sabía de la hoja de ruta marcada antes de las elecciones de 2015, ya que entonces no estaba en política y sólo conoció el proyecto de Junts pel Sí cuando se unió a las listas, al estar de acuerdo con el programa electoral.

Bassa ha reconocido que recibió cinco o seis requerimientos del Tribunal Constitucional y que a partir del que suspendía la ley de transitoriedad «no hizo nada para no cumplir» esas resoluciones. Sin embargo, justo a continuación ha defendido que el Govern continuó organizando el referéndum del 1 de octubre porque todos entendían que «no era delito».

Para la acusada, lo que tuvo la Generalitat esos días de 2017 fue un «conflicto de competencias» con el Constitucional y, aunque no ha cuestionado la «utilidad» del tribunal de garantías, ha mencionado que la Carta Magna tiene «miradas más amplias» y puede ser interpretable en muchos aspectos.