Barcelona triplica a Madrid en número de okupaciones

Durante el primer semestre de 2022 Barcelona volvió a encabezar el ranking de okupaciones en España (2.838), triplicando las sucedidas en Madrid (813), según ha reconocido el Ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria al Grupo Parlamentario de Vox. Entre enero y junio de este año se denunciaron cerca de 9.000 okupaciones en inmuebles, casi la mitad de las cuales tuvieron lugar en Cataluña, un 42% del total.

En concreto, el número total de denuncias por okupación registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ascendió en ese periodo a 8.857. De ellas 3.770, el 42%, tuvieron lugar en Cataluña, con la provincia de Barcelona a la cabeza que, además, registró en el primer trimestre del año el mayor índice de criminalidad de España, superando en casi 4 puntos a Madrid.

Estos nuevos datos confirman un crecimiento sostenido del fenómeno de la okupación en Cataluña y de forma especial en la provincia de Barcelona. Según los datos del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, en 2017 esta Comunidad aglutinaba 4.213 casos, el 38,8% del total del país. En 2021 los casos llegaron a los 7.340 (5.483 en Barcelona) lo que supone un incremento de casi el 80% en el período.

El Gobierno ha remitido esta información a los diputados de Vox que pidieron conocer los motivos del alto número de ocupaciones en Cataluña. Interior achaca esta situación al «el incremento de este tipo de delitos
en los últimos años» y la «coincidencia de diversos factores».

En concreto  destaca dos: que hay un «elevado número de inmuebles vacíos» y también de «personas que pierden su morada por deudas o pérdida de empleo por la situación económica derivada de la concatenación de crisis sanitaria de la Covid-19, la crisis de logística y de producción internacional», agravada por la invasión de Ucrania, y su «grave impacto sobre el precio de la energía y en los productos alimenticios básicos».

Con respecto a las medidas a adoptar para combatir este fenómeno
delictivo Interior recuerda que en 2020 la Secretaría de Estado de Seguridad estableció un protocolo específico para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles y que la Fiscalía General también impulsó una instrucción en el mismo sentido para orientar en el proceder de las actuaciones judiciales.

Vox registró el pasado mes de junio una proposición de Ley en el Congreso para endurecer las penas de cárcel en todos los casos de okupación de inmuebles, ya sea con o sin violencia.

El partido de Abascal reclama penas de prisión de dos a tres años para quienes okupen una vivienda con violencia o intimidación y de los seis a los doce meses de cárcel para los inquilinos que dejen de pagar el alquiler a los propietarios del inmueble. Para aquellos que promuevan estas prácticas reclaman también penas de cárcel e uno a dos años y multa de seis a doce meses.

Por su parte, el Parlament de Catalunya aprobó el pasado mes de febrero una nueva Ley Antidesahucios, impulsada por ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem y la CUP con el apoyo final del PSC. La norma recupera medidas anuladas por el Tribunal Constitucional en el 2019, después de que el ejecutivo catalán las impusiera por decreto.