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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que la región suprimirá todos sus impuestos propios convirtiéndose así en la única región de España del régimen común que no tendrá gravámenes autonómicos propios. Además, Ayuso ha avanzado que la rebaja de medio punto del IRPF se aprobará antes de finales de año, para poder aplicarse ya en 2022.
La presidenta ha explicado que Madrid suprimirá el impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería, el impuesto sobre depósito de residuos y el recargo sobre el impuesto de actividades económicas que, ha puntualizado, ya no se estaba aplicando en la región. Esta medida se tramitará en una ley el próximo mes de noviembre.
Así lo ha avanzado la propia dirigente autonómica en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde se ha acordado iniciar la tramitación de la ley de supresión de estos impuestos, que tendrá que ser después aprobada en la Asamblea de Madrid.
De esta forma, como ha destacado la dirigente ‘popular’, «Madrid se convertirá en la única comunidad autónoma de régimen común sin tributos propios».
El anuncio de Ayuso supone una auténtica revolución, que confronta con la política del ‘sablazo’ fiscal de Pedro Sánchez. Además, coloca a la Comunidad de Madrid como pionera en el mapa autonómico. Por poner un ejemplo, Cataluña cuenta con 15 impuestos.
El ‘sablazo’ de Sánchez
El ‘hachazo’ que pretende imponer el Ejecutivo a los españoles comprende algunas medidas ya aprobadas e incluidas en los Presupuestos Generales del Estado, otras ya vigentes y otras que se están analizando, pero que cuentan con la postura favorable del Gobierno para ponerlas en marcha.
El catálogo comprende viejos y nuevos impuestos. Sociedades, Patrimonio, IVA, pago por uso de carreteras o el uso del coche, bebidas azucaradas, etcétera.
El Ejecutivo pone especial atención en cinco áreas: «Fiscalidad medioambiental», «imposición societaria», «tributación de la economía digitalizada», «aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial» y «fiscalidad de las actividades económicas emergentes». Eufemismos con los que se camufla, en definitiva, una subida de impuestos.
El plan fiscal del Gobierno desgrana los llamados impuestos «verdes», como el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración; otro que grave los envases de plástico no reutilizables o la modificación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.
Por otro lado, entre las «reformas en materia de movilidad sostenible», el Gobierno no oculta su intención de «crear un pago por uso de la red viaria de carreteras», «la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos con objeto de adaptarlas a estándares medioambientales». «Y otras medidas en estudio», añade por ejemplo en el llamado «plan de recuperación». También se revisarán las bonificaciones sobre hidrocarburos, lo que se traduce en la subida del impuesto al diésel.
Cabe recordar, además, que Pedro Sánchez ha defendido una «armonización» de los impuestos de las comunidades autónomas para evitar lo que considera una «competencia fiscal», y que se traduce en un golpe para el bolsillo de los españoles.
Sobre el IRPF, las cuentas del Estado aumentaron dos puntos el impuesto para las rentas superiores a 300.000 euros y tres puntos para las rentas del capital superiores a 200.000 euros. El Ejecutivo también apuesta por la reducción de las deducciones de los planes de pensiones individuales, de 8.000 euros al año a 2.000, una medida que castiga especialmente a los autónomos.
Otros impuestos que han sido modificados por Sánchez han sido el de Sociedades, mediante la rebaja de 5 puntos en las exenciones en el impuesto de sociedades para plusvalías y dividendos de filiales en el extranjero de empresas españolas; el IVA a bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes o el alza del impuesto a las primas de seguros.
Uno de los puntos más polémicos del Plan de Recuperación remitido a Bruselas es la supresión de la tributación conjunta. La ministra de Economía, Nadia Calviño, llegó a calificar de «errata» ese contenido que sí se recoge en el documento, en concreto, en uno de los anexos. «Paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio», se cita textualmente.
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