Ayuso impulsa la justicia gratuita en Madrid: invierte un 30% más por ciudadano que el Gobierno

Isabel Díaz Ayuso mantiene su apuesta por reforzar la justicia gratuita para todos los madrileños. Con un millón y medio de habitantes menos que los territorios gestionados directamente por el Ministerio de Justicia, cartera de Félix Bolaños, la Comunidad de Madrid destina al servicio de asistencia jurídica gratuita tres millones de euros más. Así, mientras que el Ejecutivo de Pedro Sánchez invierte 6,39 euros por habitante, el Gobierno de Ayuso eleva esta cifra hasta superar los 8 euros, es decir, casi un 30% más.

La Comunidad de Madrid aumentó el año pasado un 9,8% las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, hasta alcanzar las casi 118.000 peticiones. Concretamente, el Gobierno regional ha incrementado un 9,2% la inversión en 2024 para garantizar este derecho recogido en la Constitución Española hasta los 56,3 millones de euros. Incluye la subida de todos los módulos de abogados un 4% y la creación de cuatro nuevos baremos por actuaciones profesionales no contempladas en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita: recurso de apelación contra auto de prisión, escrito de reconvención, orden de alejamiento y doble condición acusación/defensa.

Los expedientes registrados más numerosos estaban relacionados con el orden Penal (60,15%), seguido del Civil (24,23%), Contencioso Administrativo (8,51%) y Social (7,1%). La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita recibió a través del servicio público 012 un total de 8.428 llamadas y 152 consultas de manera presencial en las diferentes oficinas de Atención al Ciudadano.

Sin embargo, el Gobierno de Ayuso adolece la falta de ayuda por parte del Gobierno. «El año pasado pedimos al Ministerio 470 plazas y nos asignó únicamente 174, que no cubrían ni la tasa de reposición de efectivos», ha lamentado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, para añadir que este año se han solicitado 629, con el temor de que ocurra lo mismo.

La Comunidad de Madrid va a actuar sobre el 90% de las 570 infraestructuras judiciales de la región en el periodo 2023-2027, con una inversión en Justicia superior a los 830 millones de euros, ya sea para su renovación parcial, total o mejora en eficiencia energética. Entre otras acciones que el Gobierno regional ha llevado a cabo, el consejero ha destacado la apertura de cinco nuevos juzgados, la mejora de las condiciones laborales de 7.200 funcionarios públicos, y el nombramiento de 1.300 interinos porque desde el Gobierno socialista «no se han dotado de plazas de jueces ni fiscales». 

19 nuevos juzgados

Isabel Díaz Ayuso ha acusado a Pedro Sánchez en reiteradas ocasiones de hacer «un uso chavista» de todos los poderes del Estado para «orquestar una campaña» en su contra y de intentar «controlar a los jueces», por lo que su Gobierno ha puesto en marcha 16 medidas en materia de Justicia para combatir esa estrategia. Entre ellas, destaca la creación de 19 nuevos juzgados.

El Gobierno de Díaz Ayuso ha dado los pasos necesarios para poder decir que la Comunidad contará con 19 nuevos juzgados: se han puesto en funcionamiento dos nuevos juzgados de lo Penal y dos de lo Social en Madrid y, a partir del verano, se abrirá otro en Arganda del Rey; se ha inaugurado la nueva sede judicial de Valdemoro; se están finalizando las obras de los nuevos palacios de Justicia de Getafe y Torrejón de Ardoz, que entrarán en funcionamiento este año; se ha comenzado la rehabilitación de los edificios judiciales de Leganés, Alcorcón, Móstoles, Colmenar Viejo, Coslada y Fuenlabrada; se han puesto en marcha los proyectos de las sedes de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Arganda del Rey, y se ha acordado iniciar las obras de los nuevos juzgados de Collado Villalba y Móstoles.

A todos los citados habría que sumarle el desarrollo del proyecto de la Ciudad de la Justicia, que será la más grande del mundo, con una superficie equivalente a 65 veces el estadio Santiago Bernabéu. Es decir, el complejo, de un tamaño monumental y para el que se ha destinado una inversión de 680 millones de euros, será cuatro veces mayor al Tribunal de Justicia de París, seis veces superior al Palacio de Justicia de Amberes y 12 veces más grande que la Corte de Justicia del Estado de Nueva York. Con una extensión de 463.000 metros cuadrados, albergará una de las mayores obras de edificación pública de España.