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Ayuso acusa a Sánchez de imponer la Ley de Memoria Democrática con la ayuda del brazo político de ETA

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado a Pedro Sánchez de «imponer» la Ley de Memoria Democrática «con el brazo político de ETA». Además ha calificado al Gobierno como «el más autoritario» que ha habido en democracia, por «imponer por la espalda leyes sin consenso».

«Estamos ante el Gobierno más autoritario que hemos tenido en democracia, no solo por el récord de decretos sino porque apenas concede entrevistas a medios de comunicación, solo pacta lo que le es afín y le es cómodo, y están por la espalda imponiendo leyes, como, por ejemplo, la educativa, sin apenas consenso, y no digamos la Ley de Memoria Democrática, hablar de la historia de la democracia española y tener que imponerla con el brazo político de ETA», ha dicho Díaz Ayuso.

Asimismo, la presidenta regional, ha señalado a los periodistas, en su visita al Mercado de la Cámara Agraria de Madrid, que Sánchez «no ha celebrado en toda la legislatura en cuatro años un solo debate del Estado de la Nación hasta ahora. Institución que le recuerda dónde están los límites es institución a erosionar, a destrozar, para poner afines. Es un Gobierno francamente autoritario».​

El Gobierno ha salvado la Ley de Memoria Democrática en el Congreso tras pactar varias enmiendas con EH Bildu, entre ellas una que amplía su aplicación temporal de 1978 a finales de 1983, año de inicio de la actuación de los GAL, la organización terrorista dedicada a la ‘guerra sucia’ contra ETA. De esta forma el Gobierno «amplía» la época franquista hasta principios de los años 80 y victimiza a los verdugos de ETA que cayeron a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, la nueva ley de «memoria democrática» incluirá el derecho a la reparación económica de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. De acuerdo a las enmiendas acordadas por el Gobierno con sus socios, esta consideración abre la puerta a devoluciones millonarias por los bienes incautados durante el franquismo. Aunque no existe un cálculo fidedigno, las asociaciones de afectados se remiten a un informe del Banco de España que, al cambio, supondría hasta 3.000 millones de euros.