El aviso anónimo de un empleado de Unipost permitió requisar miles de tarjetas censales del 1-O

La llamada anónima de un hombre que se identificó como «responsable de UNIPOST» permitió a la Guardia Civil intervenir cerca de 45.000 tarjetas censales que la Generalitat de Cataluña planeaba enviar para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre, según consta en el sumario del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

En concreto, el hombre llamó al cuartel de la Guardia Civil en Barcelona a las 10:30 horas del 18 de septiembre de 2017 e identificándose como responsable de Unipost, advirtió de que la central de la empresa en el Polígono Gran Sur de Hospitalet de Llobregat esperaba recibir esa misma madrugada un envío de 15.000 sobres certificados para su distribución inmediata con acuse de recibo cuyo remitente sería la Generalitat de Cataluña.

Asimismo, informó a los agentes de que dos días después, se esperaba la llegada a la misma central de 3,5 millones de sobres para reparto ordinario cuyo remitente, como en el caso anterior, sería la Generalitat de Cataluña y que contendrían tarjetas censales para el referéndum.

Según pudo comprobar la Guardia Civil, Unipost, presidida por Antón Raventós, estaba vinculada a la Generalitat de Cataluña porque era una de las adjudicatarias que se encargaban del correo postal de este organismo. De hecho, la empresa ya fue llamada a declarar por su participación en el suministro de material electoral en la consulta del 9 de noviembre sobre la independencia de Cataluña.

Ante la posibilidad de que estuviera «colaborando, como ya hizo en la consulta popular del 9-N», en el suministro de «material de propaganda» de la Generalitat para la celebración del referéndum ilegal de octubre, la Guardia Civil consideró necesario inspeccionar media docena de sedes de Unipost, entre ellas la de Mare de Deu del Angels, en Terrasa.

Allí los agentes observaron varios palés con diferentes cajas en las que había «una ingente cantidad de sobres de color blanco», indicaciones para diversas poblaciones de toda Cataluña y diversas numeraciones. Externamente, los sobres presentaban impresa la inscripción «Generalitat de Cataluña» y tenían ya puesta la dirección de la persona física a la que debían enviarse.

El Juzgado número 3 en funciones de guardia de Terrassa autorizó intervenir los sobres y abrir una muestra para confirmar las sospechas de su contenido, aunque no dio permiso para entrar y registrar las dependencias de Unipost en la localidad. En total, los agentes intervinieron 43.429 sobres y en la muestra que abrieron, uno por palé (eran 3), encontraron un folio dirigido a una persona física a la que se le nombraba miembro de una mesa electoral.

Algo similar ocurrió en Manresa. El equipo de la Guardia Civil de la localidad inspeccionó la sede de Unipost e intervino 1.811 cartas certificadas con acuse de recibo cuyo remitente era la Generalitat de Cataluña que fueron entregados voluntariamente a los agentes por el encargado. Era 19 de septiembre y un día después, se le tomó declaración.

Esta persona, que también era responsable de la sucursal de Terrasa, y trabajaba para Unipost desde 1992, explicó a los agentes que él mismo había trasladado a Manresa los sobres el día 18 en su vehículo particular, algo, según dijo «habitual». Desconocía el contenido de las cartas y sólo sabía que iba a llegar una gran cantidad porque sus superiores le habían llamado para informarle.

También aseguró que era «la primera vez» que recibía una partida de sobres como aquella, con el membrete de la Generalitat de Cataluña, y que si bien «no es lo normal» recibir esa cantidad de correo de golpe, ese cliente en particular, les daba «mucho volumen» de trabajo.