La Audiencia condena al embajador de Zapatero en Venezuela por cobrar millones de la petrolera chavista

El ex embajador de España en Caracas Raúl Morodo, nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido condenado a 10 meses de cárcel por cobrar por trabajos ficticios hasta cuatro y medio millones de euros de la petrolera venezolana PDVSA. Como ha podido confirmar OKDIARIO, la Audiencia Nacional dicta así una sentencia tras un juicio en que el acusado se declaró culpable.

La sentencia confirma el fraude fiscal que implica a Raúl Morodo Leoncio y su hijo Alejo Morodo Cañeque, condenándolos por delitos contra la Hacienda Pública. Los hechos se centran en la evasión fiscal realizada a través de sociedades interpuestas que facturaban servicios jurídicos y de consultoría internacional, principalmente a Petróleos de Venezuela (PDVESA), que no eran reales.

Alejo Morodo ha sido condenado a 18 meses de prisión y una multa de 617.442 euros por el delito fiscal de 2013, y a 6 meses de prisión y multa de 206.380 euros por el delito de 2014. Por su parte, Raúl Morodo ha sido condenado a 10 meses de prisión y una multa de 88.355 euros por el delito fiscal de 2014. Ambos se benefician de las atenuantes de reparación del daño y confesión, tras haber abonado íntegramente las cantidades defraudadas más los intereses antes del juicio.

La sentencia absuelve a Ana Catarina Varandas de Loureiro, esposa de Alejo Morodo, de los delitos fiscales que se le imputaban. El tribunal considera que no hay pruebas de su participación en la defraudación de 2013, pese a haber realizado declaración conjunta con su marido, y que las cantidades no declaradas en 2017 relacionadas con la compra de inmuebles en Madrid y Lisboa procedían de donaciones de sus padres.

El tribunal ha rechazado la petición del Ministerio Fiscal de decomisar las cantidades presuntamente defraudadas en los ejercicios 2011 y 2012, al considerar que estos delitos están prescritos y que el decomiso no puede aplicarse sobre cuotas tributarias que ya no son exigibles ni en vía penal ni administrativa.

Juicio

«¿Se declara culpable de estos delitos y se conforma a cumplir las penas señaladas?», le preguntó el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, al diplomático. «Sí, señor presidente», respondió Morodo. En la misma línea se expresó su hijo Alejo, que esgrimió que se conforma con los hechos y con las penas recogidos en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción «menos en lo relativo» a su mujer y al decomiso de los bienes. Cabe destacar que el Ministerio Público ha rebajado hasta los 10 meses de prisión su petición para Raúl y a los 2 años de cárcel para Alejo por los delitos cometidos contra la Hacienda Pública por el IRPF del ejercicio 2013 y del 2014.

Anticorrupción solicitaba 3 años y 6 meses de cárcel para Raúl Morodo y 8 años y 6 meses de prisión tanto para su hijo Alejo como la esposa de éste, Ana Caterina Varandas. Ésta última no ha reconocidos los hechos y ha descartado alcanzar un acuerdo de conformidad, con lo que el juicio se celebraba contra ella.

La acusación popular que ejerce Manos Limpias pedía la misma condena que la Fiscalía para ambos, aunque ha mantenido su acusación contra la mujer de Alejo, para quien solicita una pena de 12 años y 6 meses por los mismos delitos. La Abogacía del Estado, por su parte, retiró su acusación después de haber alcanzado un pacto con los tres acusados. El tribunal aceptó que Raúl Morodo, de 89 años, no asistiera al resto de las vistas.

La Fiscalía Anticorrupción destacaba que habría sido entre los años 2007 y 2015 cuando Alejo Morodo habría centrado su «actividad profesional en la supuesta prestación de servicios de asesoramiento legal y consultoría internacional», que le habrían generado «cuantiosas rentas».

Anticorrupción explicaba que Alejo Morodo se valió de «relaciones entabladas por su padre con altos cargos de Venezuela durante los años 2004 a 2007 en los que ejerció el cargo de embajador de España» para así iniciar «una supuesta relación contractual con la empresa pública venezolana PDVSA para la prestación de servicios de asesoría legal y consultoría internacional que se extendió hasta el año 2014».

«Con el fin de defraudar a la Hacienda Pública española, consciente de que la debida tributación de esas rentas por el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) le supondría un considerable desembolso económico, decidió interponer tres sociedades instrumentales para que facturaran formalmente esos supuestos servicios, eludiendo así tributar sus rentas por el IRPF para hacerlo con el menor tipo impositivo que le ofrecía el Impuesto de Sociedades», expuso el Ministerio Público.

En la «ejecución de esta ilícita actuación», indica Anticorrupción, «participaron Ana Varandas y Raúl Morodo». En el caso del ex embajador, añade la Fiscalía, «también ocultó a la Hacienda Pública las ganancias que percibió con cargo al patrimonio de dos de aquellas sociedades».