Así es el referéndum ‘a la canadiense’ que propone el PSC y los independentistas

El líder del PSC, Miquel Iceta, siempre ha defendido una reforma constitucional que incluya un Estado federal, en línea a lo que presenta su partido a nivel nacional. Sin embargo, este viernes se descolgó de los suyos para propugnar un un referéndum ‘a la canadiense’, llamada ‘Ley de claridad’, en caso de que no se aprobase la reforma. Se trata de una premisa que las fuerzas independentistas llevan proponiendo años al Gobierno central sin conseguir ningún éxito. Pero, ¿en qué consiste un referéndum ‘a la canadiense’? y, ¿a quién favorece este invento?

La provincia canadiense de Quebec es la única de mayoría francófona en un país mayoritariamente anglófono. El partido Quebecois surge de esa población francesa que por los años 60 se sentía discriminada y se unió para pedir un referéndum y separarse de la provincia. En 1980 consigue organizar una consulta, no para pedir la independencia sino un concepto llamado ‘soberanía-asociación’. Un ejemplo claro sería pedir la independencia de Cataluña, pero económicamente seguir dependiendo de España. Alrededor del 60% de los votantes rechazó la propuesta.

Dos consultas fallidas

La formación volvió a convocar un nuevo referéndum en 1995 en el que volvió a plantear la misma formula de desconexión. Fracasó de nuevo, aunque por pocos votos (50,58% frente al 49,42%). Los canadienses se quejaron de lo ambigua que era la pregunta: «¿Está usted de acuerdo en que Quebec debería convertirse en soberano después de haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica y política en el ámbito de aplicación del proyecto de ley sobre el futuro de Quebec y del acuerdo firmado el 12 de junio de 1995?».

El Gobierno canadiense, que vio las orejas al lobo, decidió consultar al Tribunal Supremo sobre la legalidad de esa consulta y la posibilidad de que se diera una independencia. La respuesta no fue al gusto de todos. Si el Gobierno de Quebec realiza una pregunta clara en esa consulta y saliera favorable «con una clara mayoría», existiría una obligación constitucional de negociar las formas legales para abrir esa vía. 

La Ley explica que esa negociación debería estar basada «en la buena fe» y «el respeto a la democracia y al Estado de Derecho». En función a ello, el Gobierno canadiense aprobó en el año 2000 la llamada ‘Ley sobre la Claridad’. Fue el primer país que admitió el debate sobre la cuestión territorial y la posible división de sus fronteras. Asimismo, se encargaron de precisar al milímetro cuáles serían las circunstancias en las que el Gobierno de Canadá podía discutir la secesión de una de sus provincias. El problema de fondo no se arregló pero fu el primer país en plantearlo. La gran mayoría de los quebequeses querían seguir siendo canadienses y no quieren romper los vínculos de lealtad que los unen a sus conciudadanos de las otras regiones de Canadá. Una independencia ‘de boquilla’.

Las sombras de la Ley de Claridad

Hasta el momento parece que solo haya luces en la Ley de Claridad canadiense, sin embargo, numerosos expertos también hablaron de las sombras. La Ley recoge de manera expresa que solo podría producirse una secesión si los independentistas alcanzan una mayoría clara, esto no significa «la mitad más uno». Es decir, Cataluña no habría podido independizarse si observamos los resultados de los últimos comicios donde los separatistas perdieron claramente.

Este modelo también indica que si una parte considerable del país independizado (una provincia) no se quiere separar del de origen, se le conceda tal derecho. Es decir, que si en Tarragona sale el «no» se podrían quedar en España. Cabría preguntarse ante este punto, si los dirigentes del PSC y las fuerzas independentistas asumirían la participación de su indisoluble Cataluña. Los más optimistas apuestan por una Ley de Claridad solo para clamar los anhelos secesionistas. Es decir, que el nacionalismo se conforme con que se le reconozca el derecho a votar su independencia pero nunca la vote, como está sucediendo a sabiendas de las últimas encuestas. Incluso el expresident, Artur Mas, no sabe a qué barco subirse a la hora de dirigir la refundación de su partido. Algunos le acusan de ser ‘light’ en cuanto a los últimos frenazos para declarar la consulta y otros insisten en que ese camino no es el que quiere la mayoría en Cataluña.

La parte crítica tacha la Ley de «populista» y destaca que el Tribunal Supremo da una lección a las dos partes. Por un lado, insiste en que la declaración unilateral de independencia es ilegal y, por otra parte advierte al Gobierno de Quebec que tampoco puede enrocarse en una postura inmovilista sino que, a través del diálogo, se podría discutir una reforma constitucional para reconducir la unidad de los territorios.