España

Arturo Fernández desconocía que Cifuentes decidiera sobre su contrato

El expresidente de la patronal madrileña y dueño del Grupo Cantoblanco Arturo Fernández declaró a la Guardia Civil que desconocía que Cristina Cifuentes era la presidenta de la mesa de contratación que decidió la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid a su empresa en 2009 y 2011.

Así lo admitió Fernández el pasado mes de marzo ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Púnica, en el que los investigadores ven indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de Cifuentes en la adjudicación de los contratos de cafetería.

Preguntado sobre esta licitación, el empresario Fernández reconoce a los agentes que su relación con Cifuentes (en 2007 es miembro del patronato de la fundación madrileña Fundescam, del comité regional de campaña, así como presidente de la mesa de contratación de la Asamblea) era «protocolaria».

De hecho, en su declaración ante los agentes dice que no sabía ni que ella ni que ninguno de los patronos de Fundescam formasen parte del comité de expertos o de la mesa de contratación que finalmente concedió la licitación al Grupo Cantoblanco del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011.

«Este contrato lo único que ha hecho es causarme pérdidas. Ha sido perjudicial para mi empresa», lamentó a los agentes el empresario que apuntó al entonces director de los concursos de la Asamblea Juan Pita como la persona que abrió los sobres relativos a a la ofertas económicas de las concursantes al contrato.

En otro momento del interrogatorio reveló que trasfirió 60.000 euros en fechas próximas a las elecciones autonómicas de 2007 «para contribuir con los fines» de Fundescam, pero que «no pensó que el dinero fuera para sufragar gastos electorales».

A esta cantidad se sumaron otros 100.000 euros a la citada fundación, si bien en su declaración ante los agentes de la UCO declaró que desconocía ese pago.

Fundescam era una fundación del PP de Madrid que ahora investiga el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco dentro del caso Púnica por la presunta financiación irregular del partido.