Aragón se proclama desde hoy un «país» con derechos históricos anteriores a la Constitución

Aragón es desde este martes un nuevo «país» dentro de España. El Boletín Oficial de Aragón publica la ‘Ley de actualización de los derechos históricos de Aragón’, que fue aprobada gracias a los votos del PSOE, Podemos, los nacionalistas de la Chunta, IU y el Partido Aragonés Regionalista. Tanto el PP como Ciudadanos votaron en contra. La nueva norma proclama que «Aragón es una nacionalidad con más de doce siglos de historia» y reconoce como objetivo «afirmar y proteger la identidad aragonesa».

Promulgada «en nombre del Rey» por el presidente regional, el socialista Javier Lambán, la ley responde toda ella a una inspiración soberanista. Así, en su artículo 1, proclama: «Aragón es una nacionalidad histórica, de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida
desde su nacimiento».

Y advierte a renglón seguido de que «la participación de Aragón en el proceso histórico de construcción de España no ha supuesto la renuncia a sus derechos históricos».

Por si no quedara claro, avisa: «Aragón, en virtud de sus instituciones tradicionales, su historia, su Derecho, su cultura y de la convivencia histórica de las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón, ostenta en el Estado español y en la Unión Europea una identidad y un espacio jurídico, político y cultural propios, que deberán reivindicarse y reconocerse».

La ley proclama que «Aragón es una nacionalidad con más de doce siglos de historia» y reconoce como objetivo «afirmar y proteger la identidad aragonesa»

La nueva ley reivindica que los derechos de los aragoneses preceden a la Constitución de 1978. «Los derechos históricos del pueblo aragonés son anteriores a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía, que los amparan y respetan, así como a la legislación emanada de la Unión Europea. Al no emanar de ellos, han de ser respetados por las reformas que puedan afectar a esas normas» (artículo 4).

Misión de todas las Administraciones públicas aragonesas deberá ser desde hoy «respetar dicha condición y utilizar en sus normas y documentos oficiales la denominación ‘Aragón, nacionalidad histórica’, así como fomentar su uso por los particulares y los medios de comunicación».

Los partidos promotores de la ley explican en el preámbulo que «con la experiencia acumulada a lo largo de más de treinta años, es preciso dar un nuevo impulso al proceso de construcción de nuestro autogobierno, a fin de que Aragón, mediante la actualización de los derechos históricos de su pueblo, amparados y respetados por la Constitución, acceda al máximo nivel de autogobierno».