El juez retira el pasaporte a Ábalos y le obliga a comparecer cada 15 días en el Supremo

El juez del Tribunal Supremo ha ordenado este jueves la retirada del pasaporte al ex ministro José Luis Ábalos y le prohíbe salir de España. El ex dirigente del PSOE tendrá que comparecer cada 15 días en el Supremo para evitar su fuga. Ábalos ha declarado durante 40 minutos como imputado en relación con la presunta adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia.

Fuentes judiciales informan a OKDIARIO que durante su comparecencia, el ex mano derecha de Pedro Sánchez en el PSOE se ha ratificado en su declaración anterior, manteniendo su posición de inocencia y negando haber recibido cualquier tipo de pago, ya sea en efectivo o en especie, por parte del empresario Víctor de Aldama, figura central en la investigación. Asegura que sólo tiene un piso en Valencia y un local y que su patrimonio está limpio.

Ábalos se ha quejado de las últimas publicaciones periodísticas. Dice que «son falsas» e, igualmente, esgrime que la documentación que entregó Aldama al juez tampoco es correcta y no prueba ningún tipo de práctica corrupta.

El ex ministro ha llegado sonriente en taxi a las 09:33 horas a la sede del Tribunal Supremo en el centro de Madrid. Ábalos ha llegado acompañado de sus abogados y vestido de traje azul. Ha entrado al Palacio de las Salesas por la calle de Marqués de la Ensenada, donde le esperaban desde primera hora de la mañana decenas de medios de comunicación. El ahora diputado del Grupo Mixto ha optado por no hacer declaraciones a la prensa. Ha comparecido durante 40 minutos, menos que la primera vez.

La declaración se ha producido bajo circunstancias diferentes a su comparecencia voluntaria del pasado diciembre, ya que el ex ministro ha perdido la inmunidad parlamentaria que anteriormente lo protegía, tras el suplicatorio concedido por el Congreso en enero. Fuentes jurídicas presentes en la declaración han confirmado que Ábalos ha respondido a las preguntas de su defensa, la Fiscalía y el juez instructor, manteniendo su negativa a contestar al abogado del PP, que ejerce la dirección unificada de las siete acusaciones populares en la causa.

Tras la declaración, el magistrado instructor, Leopoldo Puente, procede a valorar la imposición de medidas cautelares, que podrían incluir la retirada del pasaporte. Esta decisión había sido previamente cuestionada por la defensa de Ábalos, que considera que se está realizando una «fishing expedition» o investigación generalizada sin fundamentos específicos.

Paralelamente, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha manifestado desde Bruselas su confianza en que «la verdad se sabrá», mientras cuestiona la credibilidad de algunos investigados en el caso. Bolaños ha recordado que el propio Tribunal Supremo ha señalado que ciertas acusaciones realizadas por Aldama carecen de sustento probatorio suficiente.

Como parte de la investigación en curso, el juez instructor mantiene activa la solicitud a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de un informe patrimonial detallado sobre José Luis Ábalos y su hijo Víctor. Este informe deberá incluir información sobre cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias, vehículos y participaciones en sociedades mercantiles. También se ha requerido un análisis de las comunicaciones telefónicas entre los principales investigados: Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

La defensa del ex secretario de Organización del PSOE mantiene su recurso contra estas diligencias, argumentando que constituyen una revisión general injustificada de sus actividades. También ha cuestionado la imparcialidad del magistrado Puente por anunciar la celebración de una vistilla para medidas cautelares sin que estas hayan sido solicitadas por la Fiscalía o las acusaciones.

El caso se enmarca en una serie de diligencias más amplias que continuarán hasta el 5 de marzo, incluyendo las declaraciones de 17 testigos, entre los que se encuentran familiares de Ábalos y altos funcionarios del Gobierno. La investigación ha generado considerable tensión política, especialmente dentro del PSOE, donde Ábalos se ha definido recientemente como el «cortafuegos del partido en este asunto» en una entrevista.

Las próximas semanas serán decisivas para determinar el alcance real de las presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia, así como el papel que pudo haber jugado el ex ministro en estos acontecimientos. Por el momento, la investigación sigue su curso mientras el gobierno insiste en dejar trabajar a la Justicia y mantiene que donde no haya irregularidades, la verdad prevalecerá.