España
La trama del PSOE

Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y 19,5 para Koldo sólo por el caso de las mascarillas

Imputa 5 delitos a Ábalos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada

La Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de prisión para el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por los cinco delitos que le atribuye en la trama de mascarillas del caso Koldo: pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. También pide que se le imponga una multa de 3,7 millones de euros.

Para el asesor ministerial de Ábalos, Koldo García, reclama 19 años y medio de cárcel por los mismos delitos, así como una multa de 3,9 millones de euros, mientras que para el empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, pide cuatro años por organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, aplicando en los delitos la atenuante de confesión, y una multa de 3,8 millones de euros.

Asimismo, solicita que Ábalos y Koldo indemnicen conjunta y solidariamente a Ineco con 34.477 euros y a Tragsatec con 9.500. Y que se acuerde el decomiso de las ganancias provenientes del delito de cohecho, «por importe de, al menos, 430.298,4 euros».

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha presentado este miércoles en el Tribunal Supremo su escrito de acusación del caso de las irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente considera que los tres acusados «se concertaron, muy poco después» de que Ábalos tomara posesión como ministro para, «aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia».

Puente propuso juzgar a Ábalos después de que el pasado mes de septiembre decidiera dividir la causa para dejar en la pieza principal las investigaciones relativas a los contratos de mascarillas y dedicar la pieza separada a la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

Beneficios económicos para los tres

Anticorrupción relata en su escrito que los tres acusados, con ánimo de enriquecimiento, convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno y también en el PSOE, éste podría favorecer, «a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería Víctor de Aldama, así como facilitar a este el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas».

Con este fin, «cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz».

Así, Ábalos, a quien tanto Koldo como Aldama consideraban el jefe, aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio y su directa influencia cuando era precisa, «aprovechándose en lo demás de los oficios de su hombre de confianza, Koldo García».

Por su parte, Víctor de Aldama fue la persona que, aprovechando su influencia sobre Koldo y Ábalos, «garantizada mediante el pago continuado de elevadas cantidades de dinero, consiguió para sí o para terceros y con beneficio económico propio, la adjudicación de determinados contratos».

En la organización así conformada, Víctor de Aldama «era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la Administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a José Luis Ábalos y a Koldo García».

Luzón señala que los integrantes de esta organización «acordaron la futura comisión de delitos, inicialmente indefinidos en sus concretas particularidades, conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando». Además, indica que los tres miembros de la organización «eran apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios del Ministerio, como por distintas personas del entorno empresarial de Víctor de Aldama y por familiares de Koldo García».

Además, la organización nació «con innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que sólo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida de José Luis Ábalos y Koldo García del Ministerio».

La Fiscalía señala que la cohesión de la organización que integraban los tres acusados «no sólo se manifestó en la comisión de diferentes delitos», sino también en la facilitación a este empresario de una «interlocución privilegiada» en sus relaciones con el Ministerio, así como con otros departamentos ministeriales y con diferentes Administraciones Públicas, realizando a tal fin cuantas gestiones fueron precisas.

Entre las primeras, «la emisión por el gabinete del ministro José Luis Ábalos de certificados de movilidad durante el estado de alarma declarado con ocasión de la pandemia de COVID-19; entre las gestiones realizadas con otros ministerios, se cuenta la recomendación que Koldo García hizo para que Víctor de Aldama se reuniera con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública; finalmente, las encomiendas llevadas a cabo ante otras Administraciones incluyen la intervención de Koldo García para que la sociedad cuyos intereses representaba Víctor de Aldama suministrara material de protección sanitario a los servicios de salud canario y balear, hechos estos últimos objeto de las Diligencias Previas 65/2023 que se siguen ante el Juzgado Central de Instrucción número 2».

Según explica, durante el segundo estado de alarma, en febrero de 2021 Víctor de Aldama recurrió a Koldo García para conseguir que «personas de su entorno de negocios, principalmente de nacionalidad venezolana, pudieran eludir tales restricciones y entrar por vía aérea a España, toda vez que la entrada y salida en las comunidades autónomas solo estaba permitida por motivos tasados».

En ese mismo contexto, Aldama logró que Koldo García, con el conocimiento y la aprobación de Ábalos Meco, «utilizara sus contactos para que el primero de ellos se reuniera con Carlos Moreno Medina, en ese momento y desde junio de 2018 jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado» y con quien Koldo mantenía una relación fluida.

La reunión, que se llevó a cabo en junio de 2020 tenía por objeto «procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Víctor de Aldama Delgado, PILOT REAL STATE. Carlos Moreno, sin competencias directas sobre esta cuestión, trasladó la petición al asesor del gabinete, Ignacio Granados, inspector de Hacienda. Sin embargo, no llegó a producirse aplazamiento de deuda alguna de esta sociedad».

Contrato de arrendamiento

Además, con el propósito de garantizar a Ábalos «la percepción de las comisiones ilícitas que habrían de satisfacer diferentes empresas por la adjudicación de obra pública licitada en el MITMA en favor de los intereses personales de Víctor de Aldama y de las empresas que este promovía, el día 24 de abril de 2019 ambos celebraron un contrato de arrendamiento con opción de compra, que expiraba el 14 de febrero de 2024, de un piso propiedad de Víctor de Aldama», en favor del ex ministro, fijándose una renta anual de 30.000 euros y como precio de adquisición 750.000 euros, en caso de ejercitarse la opción de compra.

Anticorrupción destaca que José Luis Ábalos «no ocupó el inmueble ni, en consecuencia, satisfizo renta alguna, pues nunca fue esa la pretensión de los contratantes», así como que el precio de compra convenido era «muy inferior al real del mercado».

Y concluye que «el contrato encubría como negocio jurídico real una fiducia de garantía de un crédito que José Luis Ábalos tenía al cobro de unas comisiones -ilegales, desde luego- de tal manera que mientras subsistía la obligación el acreedor mantenía la propiedad fiduciaria de la cosa (en este caso la ventajosa opción de compra) y una vez extinguida la deuda (el pago de las comisiones), se hacía exigible su obligación de restituir la propiedad».

10.000 euros mensuales en efectivo

Según explica, en el desarrollo de este convenio criminal entre los tres investigados, Aldama, «al menos desde el mes de octubre de 2019, comenzó a entregar a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo, lo que continuó haciendo hasta julio de 2022». Tales entregas de efectivo a Koldo García fueron efectuadas en ocasiones en presencia de José Luis Ábalos, pues «el importe de 10.000 euros mensuales estaba destinado a ser repartido entre ambos».

Estas cantidades eran «entregadas en Madrid personalmente por Víctor de Aldama a Koldo García y, con frecuencia, también a Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo quien, siguiendo instrucciones de este, se prestaba a recibir el dinero como mero intermediario del cobro».

El abono del piso de Jésica

La Fiscalía apunta que «con el mismo propósito de conseguir del ministro y secretario de Organización del PSOE un trato preferente para sí y para las empresas cuyos intereses promovía, Víctor de Aldama se hizo cargo de determinados gastos a petición de José Luis Ábalos y Koldo García, tales como el abono de la renta mensual generada como consecuencia del alquiler de un piso, en Plaza de España, que sirvió como domicilio a Jésica Rodríguez», quien mantenía desde octubre de 2018 una relación sentimental con el ministro.

Así, siguiendo órdenes de Víctor de Aldama, las rentas fueron abonadas desde marzo de 2019 a septiembre de 2021 por L. E. M. hasta un total de 82.298,40 euros». Aldama se ocupaba también de «resolver las incidencias que pudieran surgir en relación con la vivienda, tales como averías domésticas o la renovación del contrato». Una vez las rentas dejaron de ser satisfechas, Jésica desalojó la vivienda el 31 de marzo de 2022.

Adquisición de mascarillas

Por otra parte, Luzón relata que Ábalos, en connivencia con Koldo y con Aldama, acordó en el contexto de la pandemia la adquisición, «a través de dos entes públicos empresariales dependientes del MITMA (Puertos del Estado y ADIF) de sendas partidas de mascarillas, a cambio de recibir ambos responsables públicos una indebida compensación económica procedente de Víctor de Aldama quien, a su vez, se benefició en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio».