Anticorrupción abre la puerta a que Iglesias sea investigado por denuncia falsa

El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha remitido un escrito al juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, en el que abre la puerta a que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, sea investigado por denuncia falsa a raíz de la declaración del ex coordinador jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, que desveló que el líder de la formación morada urdió un montaje judicial para convertirse en falsa víctimas de unas supuestas «cloacas del Estado».

El escrito de siete páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, señala que «el objetivo de esta pieza separada se encuentra perfectamente delimitado en torno a la investigación de un delito de descubrimiento y revelación de secretos (…) y un presunto delito de daños causados en la tarjeta». Sin embargo, el fiscal señala que tras la declaración de Calvente «el objeto de la presente pieza debe entenderse ampliando a la simulación de delito denuncia falsa o estafa procesal». Es la primera vez que el Ministerio Fiscal alude a este último delito.

Nuevo delito

En mayo el juez, en línea con los fiscales, retiró a Iglesias la personación como perjudicado al entender que no era víctima en la causa, y señaló que pudo incurrir en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos del art. 197.1 y 2 del Código Penal y delito de daños (obstrucción a la Justicia por destrucción de pruebas) del art. 264 del mismo texto legal al retener en su poder una copia de la tarjeta SD del teléfono móvil de su ex asesora, Dina Bousselham, y devolvérsela destruida su propietaria meses más tarde en una fecha que no se ha podido concretar.

La declaración de Calvente ha sido clave en esta causa. El abogado ha señalado que Iglesias creó «un gabinete de crisis» formado junto a Irene Montero, Rafael Mayoral y Juanma del Olmo para el montaje judicial del caso Dina-Iglesias, en el que se investiga el más que dudoso robo del teléfono móvil de la ex asesora, que el calificó de «patraña».

A raíz de este testimonio la Fiscalía ha añadido que Iglesias podría haber cometido un nuevo delito: denuncia falsa o estafa procesal.

El delito de denuncia falsa está recogido en el apartado segundo del artículo 456 del Código Penal que dice así: «No podrá procederse contra el denunciante o acusador sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción imputada. Estos mandarán proceder de oficio contra el denunciante o acusador siempre que de la causa principal resulten indicios bastantes de la falsedad de la imputación, sin perjuicio de que el hecho pueda también perseguirse previa denuncia del ofendido».

Este ilícito está castigado con penas de: prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito grave; multa de 12 a 24 meses, si se imputara un delito menos grave; o multa de 3 a 6 meses, si se imputara un delito leve.

El delito de estafa procesal es un subtipo agravado de estafa que viene previsto en el artículo 250.7 del Código Penal y será castigado con penas de prisión de 1 a 6 años de cárcel y multa de 6 a 12 meses.

Sin embargo, debido a la condición de aforado del vicepresidente el instructor deberá elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, que es el órgano competente para investigarle, si considera que ha cometido un delito.

La Sala de la Audiencia Nacional también se pronunció este miércoles a este respecto en un auto en el que ha devuelto la condición de perjudicado a Pablo Iglesias en el caso Dina-Iglesias. El tribunal señalaba en su escrito que si el juez instructor considera que el vicepresidente del Gobierno ha cometido un delito lo remita «al órgano judicial que ostente la competencia para ello».

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido este informe al juez pronunciarse sobre la querella ella que presentó el partido Vox a finales de agosto contra el vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, por denuncia falsa y estafa procesal, entre otros delitos.

Esa querella iba dirigida también contra la ex asesora de Iglesias Dina Bousselham, contra la abogada de ésta Marta Flor, y contra el fiscal Ignacio Stampa, uno de los dos que investiga el denominado caso Tándem por las actividades presuntamente irregulares del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo. El Ministerio Fiscal ha comunicado que desestima la querella.