Alberto Casero evita la cárcel tras pactar con la fiscalía una inhabilitación con multa de 70.000 €

El ex diputado del Partido Popular Alberto Casero ha evitado entrar en la cárcel después de pactar con la fiscalía un año y nueve meses de prisión, seis de inhabilitación y el abono de una indemnización de casi 70.000 euros por los delitos de prevaricación y malversación durante su etapa como alcalde de Trujillo, en Cáceres.

A su salida del juzgado de la Audiencia Provincial de Cáceres este martes, ha declarado que «nunca se está satisfecho por esto, pero es lo que hay». La audiencia previa ha durado alrededor de una hora. En una sentencia oral, el magistrado ha dictado la pena que debe cumplir después de que aceptara el acuerdo de conformidad. La escrita se dictará en un plazo de 20 días.

Los hechos se remontan a un período que tuvo lugar entre marzo de 2017 a diciembre de 2018. En concreto, se le acusa de cinco contratos públicos de servicio, patrocinio o convenios en los que no se cumplió con las normas que exigen una formalidad concreta para realizarlos.

Alberto Casero fue alcalde de Trujillo durante ocho años, desde 2011 y hasta 2019. Según solicitaba la Fiscalía, la pena a la que podía enfrentarse era de ocho años de prisión, además de una inhabilitación durante 20 años y, en todo caso, el mismo pago al que hará frente como indemnización al Ayuntamiento de Trujillo.

Posteriormente, fue escogido como diputado en el Congreso en la legislatura anterior, en los años comprendidos entre 2019 y 2023. Su participación más sonada fue el error que cometió durante la votación de la reforma laboral. Únicamente por su voto, la reforma salió adelante, entonces su nombre apareció en la primera línea mediática. Fue entonces cuando su causa se juzgó ante en el Tribunal Supremo, por su condición de aforado.

«Sin tramitación ni publicidad alguna»

El magistrado que juzgó a Casero cuando todavía era diputado en el Congreso, explicó que, cuando era alcalde de Trujillo realizó «vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería, elusión de los mecanismos de control, asunción directa de pagos por la integridad de los servicios que además de periódicos se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte». Algo que consideraba que podía entrar dentro de lo considerado como delito de prevaricación.

Todo estalló en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo. Allí se le abrieron diligencias después de que se produjera la denuncia de la Fiscalía por esos contratos, acuerdos y convenios que firmó Casero cuando todavía era alcalde.

Gracias al acuerdo que ha aceptado con la fiscalía, Alberto Casero no entrará en la cárcel. Eso sí, tendrá que pagar al consistorio de la localidad cacereña un montante inicial de casi 10.000 euros y, posteriormente, 1.000 euros mensuales durante 60 meses.

Casero ya no forma parte del Partido Popular. Se marchó de forma voluntaria de su puesto en el Congreso de los Diputados y se dio de baja de la formación en marzo de este año tras conocer la decisión del Tribunal Supremo de juzgarle por posibles delitos de prevaricación y malversación.