CABOPINO (MARBELLA)

Aída Nízar pone de nuevo a Ángel Nozal ante la justicia por la gestión de un cajero automático en Marbella

Vecinos de Cabopino denuncian al exalcalde de Mijas por gestión irregular de fondos comunitarios

Nozal se enfrenta a una nueva causa judicial por firmar contratos sin autorización en Cabopino

Aída Nízar pone de nuevo a Ángel Nozal ante la justicia por la gestión de un cajero automático en Marbella
Ángel Moya

El Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella investiga una nueva denuncia contra el exalcalde de Mijas, José Ángel Nozal Lajo, por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal relacionados con la gestión de un cajero automático en la Comunidad de Propietarios de Cabopino.

Según la denuncia presentada por varios propietarios, Nozal habría firmado en diciembre de 2017 un contrato de alquiler con la empresa EURO AUTOMATIC CASH sin tener autorización para ello, ya que en ese momento la administradora oficial de la comunidad era su esposa, Michelle Pascale Van Gaalen.

Los denunciantes señalan irregularidades en los ingresos generados por el cajero entre 2017 y 2022. Mientras el contrato establecía una renta mensual de 400 euros (4.800 euros anuales), los registros contables muestran ingresos significativamente menores, con un desfase total estimado en 12.311,43 euros durante ese periodo.

El caso, que se tramita como Diligencias Previas 334/2023, ha dado un nuevo paso con una providencia judicial del 5 de febrero de 2025 que admite a trámite un recurso de apelación relacionado con el procedimiento. La investigación busca determinar el destino de los fondos supuestamente no ingresados en las cuentas de la comunidad y la posible responsabilidad penal del exalcalde.

Esta nueva causa se suma a otros procedimientos judiciales que ha enfrentado el exregidor mijeño durante su trayectoria política. Los denunciantes han solicitado diversas diligencias de investigación, incluyendo la declaración del propio Nozal, la actual administradora, el presidente de la comunidad y representantes de la empresa del cajero automático.

Un aspecto destacado de la investigación es que, según consta en la denuncia, los ingresos por el cajero automático se remontan al año 2001, mucho antes de la firma del contrato investigado. Los denunciantes aseguran que durante ese periodo anterior no se tiene constancia de ningún contrato que regulara estos ingresos ni de su correcta incorporación a las cuentas de la comunidad.

La situación se ha complicado aún más con la reciente fusión de la empresa administradora, Centro Servicios Alcántara S.L., con la compañía nacional Somos Althena Centro S.L. Este cambio ha generado preocupación adicional entre los propietarios, quienes a través de su representación legal han solicitado mediante burofax la convocatoria urgente de una junta extraordinaria para nombrar un nuevo administrador.

Los investigadores deberán determinar también la titularidad de la cuenta bancaria donde se realizaban los ingresos del cajero, un dato que según los denunciantes resulta crucial para esclarecer el destino final de los fondos. Para ello, han solicitado al Banco Santander que certifique la titularidad de la cuenta utilizada, que anteriormente pertenecía al extinto Banco Popular.

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