Admiten a trámite una querella de JUPOL contra el Director General de la Policía por coacción

El Juzgado de Instrucción Nº49 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el sindicato de la Policía JUPOL contra el Director General de la Policía, Francisco Pardo y el jefe de la Primera Unidad de Intervención Policial de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de la Policía, por presuntos delitos de coacción y contra la libertad sindical durante una concentración frente al Congreso, en septiembre del año pasado.

El sindicato denuncia que, durante la misma, el secretario general de JUPOL, José María García, solicitó al jefe de la I UIP que se le permitiese el paso de una cabeza tractora de un camión al lugar en el que se estaba desarrollando la concentración, a lo que el querellado se negó manifestando entre otras expresiones “te vas a enterar por sindicalista”. Tras la celebración de la concentración, el jefe de la I UIP, elaboró un informe dirigido a la Unidad de Régimen Disciplinario de la Dirección General de la Policía, que derivó en la apertura de un expediente disciplinario.

Desde el sindicato denuncian que se le impidió «desempeñar con total libertad su derecho a la manifestación y a la libertad sindical».

Asimismo, señalan que el Director General de la Policía «es igualmente conocedor de la condición de José María García como secretario general de JUPOL y del sindicato al cual este representa» y que «a pesar de estas circunstancias, acordó incoar un procedimiento sancionador en la vía administrativa, con el único fin supuestamente, de tratar de coartar y perjudicar tanto la actividad del propio García como la del sindicato al cual representa».

El Director General de la Policía, Francisco Pardo, tendrá que declarar el próximo 9 de marzo por  un posible delito contra los Derechos de los agentes de la Policía Nacional durante los altercados vividos en las calles de Barcelona tras la sentencia del procés, en octubre del 2019.

En la querella también se cita como investigado al Director Adjunto Operativo, José Ángel González, que, junto al Director General de la Policía, “tendrán que explicar ante un juez los criterios organizativos que pusieron en marcha en la Operación Ícaro, en la que resultaron heridos más de 300 agentes de la UIP”.

JUPOL denunció que aquellos disturbios provocaron heridas a varios agentes de la Policía Nacional. El sindicato considera que esta situación «podría haberse evitado si desde la Dirección General de la Policía (DGP) y la DAO se hubieran puesto a disposición del operativo los medios humanos y materiales necesarios para afrontar con seguridad los graves disturbios».

«Los altos mandos no ajustaron su actuación a las normas de prevención que amparan a todo funcionamiento policial», señalaron en su denuncia, en la que se atribuye un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores.

Entre otras «graves deficiencias», el sindicato ha destacado la no asignación de relevos y refuerzos de personal, la falta de dotación de material antidisturbios y la ausencia de vehículos aptos para hacer frente a los manifestantes.