Abogados del Estado critican su defensa del fiscal general: «Un completo error que daña la institución”

La decisión judicial de condenar al fiscal general del Estado ha generado una intensa polémica sobre el papel de la Abogacía del Estado en la defensa del máximo representante del Ministerio Público. La Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho (N_AAE-ED) ha emitido un durísimo comunicado criticando la actuación de la institución que representa los intereses del Estado.

Francisco Espinosa, abogado del Estado retirado y presidente de la N_AAE-ED, ha calificado de «completo error» la asunción por parte de la Abogacía del Estado de la defensa de García Ortiz. La asociación ha sostenido desde el inicio del proceso que dicha defensa «no se ajustaba a las normas de aplicación».

El comunicado señala que «el modo en que se ha ejercido esa defensa, en lo relativo a la deslegitimación del proceso, del instructor y de la Sala, en enfrentamiento innecesario con el Tribunal y con descalificación de otros servidores públicos, no se corresponde con la práctica de siempre del Abogado del Estado ante jueces y magistrados».

La asociación ha subrayado con especial  énfasis que esta confrontación resulta inadmisible cuando se trata del Tribunal Supremo, máximo órgano jurisdiccional del país.

La controversia se remonta a marzo de 2024, cuando el fiscal general ordenó la publicación de información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el contexto de sus negociaciones con la Fiscalía por presuntos delitos fiscales. La filtración pretendía, según la acusación, desmentir informaciones periodísticas y proteger la imagen del Ejecutivo.

El caso ha suscitado un debate sin precedentes sobre los límites del secreto profesional y la utilización de información reservada con fines políticos. El procedimiento penal ha examinado si García Ortiz vulneró su deber de confidencialidad al autorizar la difusión de datos protegidos por el secreto fiscal.

Deterioro institucional

La N_AAE-ED ha advertido que el resultado del proceso judicial «representa un gravísimo daño a la imagen pública, la posición institucional del Abogado del Estado y su percepción ciudadana». Esta valoración apunta a las consecuencias colaterales que la condena tendrá sobre instituciones ajenas al Ministerio Fiscal.

La asociación ha hecho «votos para que la Abogacía del Estado extraiga las conclusiones acertadas que se derivan de toda esta lamentable situación».

El comunicado proclama «la necesidad de que todas las Instituciones y los mismos ciudadanos se impliquen en la defensa del Estado de Derecho, profundamente dañado por este caso en la línea de deterioro creciente de nuestro sistema constitucional de 1978».

Por su parte, Félix Martín, presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha manifestado que «hoy el Tribunal Supremo ha condenado a un hombre inocente» en declaraciones en la SER. «Estamos noqueados, estamos tristes, estamos en shock institucional», ha confesado.

La UPF ha denunciado que «no» encuentran «ningún elemento probatorio que permita sostener esta condena en un país donde la presunción de inocencia es un derecho fundamental». Martín ha criticado que el Supremo «haya adelantado el fallo sin ofrecer la motivación jurídica».

El presidente de los fiscales progresistas ha advertido que las consecuencias «no sólo afectan al fiscal general» sino que «van a afectar al día a día, y a la seguridad con la que un fiscal podrá tomar decisiones mañana en cualquier juzgado de España». «El daño que se hace hoy a la Justicia y a la Fiscalía, eso va a tardar mucho en levantarse», ha lamentado.

Expulsión de la carrera

La condena podría costarle a García Ortiz la expulsión de la carrera fiscal. Juristas consultados explican que, aunque la inhabilitación se acote al cargo de fiscal general, cuando pierda dicha condición deberá pedir su reingreso a la carrera, toda vez que ahora se encuentra en «servicios especiales».

El artículo 46 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que la condición de fiscal se pierde cuando existe una «pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos públicos». El Reglamento del Ministerio Fiscal fija como causa para la pérdida de la condición de fiscal la imposición de una condena con «pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso».

Si García Ortiz solicita volver a la carrera, la Inspección Fiscal deberá abrir un procedimiento de rehabilitación en el que le escucharía y practicaría las actuaciones oportunas. El plazo para resolver es de seis meses. Si la rehabilitación se denegase, «no podrá iniciarse nuevo procedimiento para obtenerla en los tres años siguientes».

El caso García Ortiz deja a España ante una encrucijada institucional de consecuencias imprevisibles. Mientras la democracia se examina con severidad inédita, el tic-tac del reloj judicial marca un compás fatal para García Ortiz y que resuena en los cimientos mismos de la separación de poderes.