El abogado de Junqueras pide a la ONU que investigue a España por «violar» sus principios

El abogado de Oriol Junqueras, Ben Emmerson, ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU «una investigación exhaustiva e independiente» e impulsar «una moción de censura» contra España por lo que ha considerado «claras violaciones de los principios fundacionales».

Emmerson ha solicitado dicha investigación en un escrito que ha trasladado al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, y al que ha tenido acceso Efe. El grupo consideró «arbitraria» la prisión provisional para los líderes independentistas, algo que provocó malestar en el Gobierno. El Ejecutivo socialista remitió una carta a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, para pedir a la ONU que revisase el documento por considerar que contiene «errores y distorsiones».

Según el defensor, las alegaciones del Gobierno de España son «infundadas» y una «cortina de humo» para tratar de «restar valor» al trabajo de dicho grupo.

Se trata, considera, de «un abuso extraordinario de los mecanismos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas que exige una acción inmediata en forma de una reprimenda formal al Gobierno de España» debido a que esta es «una manipulación deliberada y deshonesta» que resulta «incompatible» con el artículo dos de la Carta de las Naciones Unidas.

Este es un «ultraje» a la ONU que, sostiene Emmerson, debe ser llevado «inmediatamente» al Relator Especial sobre la independencia de los jueces y abogados y al Relator Especial sobre la protección de los defensores de los derechos humanos además de ser inevitablemente «rechazado lo más rápidamente posible».

«La conducta de España es una afrenta directa al supuesto de buena fe que está destinado a sustentar la labor del propio Consejo de Derechos Humanos», señala el texto, que tilda los hechos de «un acto de grave corrupción política».

«Juego sucio»

Emmerson acusa asimismo al Gobierno de haber filtrado el citado informe a los medios de comunicación, algo que a su entender es «juego sucio», y critica al Tribunal Supremo por no haber tomado en consideración el escrito -los jueces afirmaron que contiene «afirmaciones extravagantes, carentes de toda lógica y de imposible encaje en nuestro sistema procesal»-.

El abogado pide al Grupo de Trabajo que haga llegar su carta al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al Relator Especial sobre la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos y a la presidencia del Consejo de Derechos Humanos.

Reclama, asimismo, que se publique ya el informe sobre los casos de otros independentistas presos, en concreto de Joaquin Forn, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa.