El abogado de Junqueras desafía a Marchena: pone una pegatina en su portátil contra la Policía
La exhibición de símbolos ideológicos, en relación a los acusados, fue resuelta al comienzo del juicio al 'procés' por el tribunal. El juez Marchena hizo propia la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para avalar el 'lazo amarillo' que el líder de ANC, Jordi Sánchez, muestra en todas las sesiones de la causa.
André Van den Eynde, abogado defensor del ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y del ex consejero de Exteriores, Raül Romeva, exhibe durante las sesiones del juicio al ‘procés’ en el Tribunal Supremo, una pegatina que reza textualmente «Black Lives Matter». El adhesivo colocado sobre la tapa de su ordenador portátil -y perfectamente visible durante la retransmisión del directo de cada jornada de la vista oral de la causa- hace alusión a un movimiento político internacional que protesta por cuestiones relacionadas con episodios de brutalidad policial.
Los integrantes de los ‘Black Lives Matter’, corriente que surge inicialmente dentro de la comunidad afroamericana estadounidense, denuncian la detención y la muerte de personas negras durante intervenciones, en su opinión desproporcionadas, de agentes de policía. Los califican como «ataques policiales inconstitucionales» y ya han presentado algunas demandas en base a este planteamiento.
Pero también, y de manera recurrente, cuestionan el tratamiento que las personas negras reciben por parte del sistema de Justicia penal de Estados Unidos, por cuestiones raciales.
Algunos de los eslóganes que han exhibido en actos, manifestaciones y protestas convocadas desde su origen, incluyendo el propio epónimo que da nombre al movimiento «Black Lives Matter», han sido: «Manos arriba, no disparen», «No puedo respirar», «El silencio blanco es violencia», «Sin Justicia, sin Paz» y «¿Mi hijo es el siguiente?», entre otros.
El separatismo catalán siempre ha calificado como «cargas violentas» las intervenciones de Policía Nacional y Guardia Civil para el cierre de centros de votación, durante el 1-O
Desde el entorno del separatismo catalán siempre se han referido a las intervenciones de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que formaron parte del operativo orientado al cierre de los centros de votación durante el referéndum ilegal, como «cargas violentas». Y han sido, también, numerosas las ocasiones en las que han exhibido de vídeos grabados por votantes, en redes sociales, para denunciarlas.
Tesis que parece respaldar el abogado Van den Eynde, dado que está utilizando dicho eslogan como medio de denuncia subliminal de la supuesta violencia policial que, según los separatistas, se produjo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante el 1-O.
Varias de esas grabaciones fueron, incluso, aportadas para que un juez de Barcelona imputase a una veintena de policías nacionales. Precisamente este martes, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Manresa acordó el sobreseimiento libre de la causa abierta por la actuación de la Guardia Civil en una escuela de Castellgalí, en la que hubo 16 heridos leves y daños en las instalaciones, al no apreciar ningún «exceso policial».
Dicha magistrada, de hecho, critica la resistencia activa de los votantes. La juez declara en su auto de archivo que la actitud de los concentrados que acudieron a ocupar y asegurar los centros de votación, el 1 de octubre de 2017, «no se trató de un comportamiento pasivo» sino de «un posicionamiento activamente obstativo», a raíz del cual «los agentes se vieron obligados a actuar» y lo hicieron «utilizando la mínima fuerza posible».
El lazo de Cuixart
En el inicio del juicio al ‘procés’, el abogado de la acusación popular de VOX, Pedro Fernández, solicitó a Marchena que prohibiese a los acusados exhibir el ‘lazo amarillo’ con el que el líder de la entidad separatista ANC, Jordi Sánchez, comparece a diario en la Sala. Entendía el letrado que dicho símbolo debía «sustraerse de la actuación» en sede judicial.
El magistrado rechazó la petición y determinó que el acusado podía continuar con su símbolo en la solapa. Para ello, se apoyó en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en concreto, en dos sentencias condenatorias de Estrasburgo contra sendos tribunales de Bélgica y Bosnia Herzegovina, por haber impedido la exhibición de símbolos religiosos a varios procesados durante la celebración de sus causas judiciales.
Marchena interpretó que el TEDH podría realizar el mismo reproche si el Supremo impedía la muestra de un símbolo ideológico, como el lazo amarillo, que el independentismo exhibe a diario en instituciones como el Parlament de Cataluña.
Un asunto de máxima actualidad después de que la Junta Electoral Central (JEC) ordenase a Torra la retirada de los símbolos de los edificios públicos, advirtiendo de que estos no pueden ser utilizados con fines partidistas. A dicho requerimiento se sumó el defensor del pueblo catalán que, este miércoles, aconsejó a Torra que acate la orden de la Junta y quite los lazos amarillos mientras dure el periodo electoral.