La Abogacía del Estado ve reparada la malversación y abre la puerta al indulto a los golpistas

La Abogacía del Estado no se ha pronunciado en su informe al Tribunal Supremo sobre los posibles indultos a los golpistas del 1-O, pero ha abierto la puerta a la concesión de esa medida de gracia. Aseguran que el perjuicio económico causado al erario por el gasto de dinero público para realizar el referéndum ilegal «está reparado». Realizan estas afirmaciones sin entrar al fondo del asunto, el delito de sedición.

En el escrito, redactado por la abogada del Estado Rosa María Seoane, la misma que interviene en la Gürtel, se recuerda que como parte integrante de la Administración General del Estado «no corresponde manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto o sobre la forma o concesión de la medida de gracia».

La Abogacía, al contrario que la Fiscalía, no ha querido entrar al fondo del asunto. De hecho, sólo añade información respecto del perjuicio económico por el delito de malversación, del que dice que, «habiéndose determinado provisionalmente el alcance y sus presuntos responsables y encontrándose garantizada ese cantidad a día de hoy (…) ese afianzamiento constituye un elemento que repararía el perjuicio económico producido a la Hacienda Pública».

Los golpistas para los que se ha solicitado esta medida de gracia son el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Joaquim Forn, la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Pero como en el informe no se dice nada sobre el delito de sedición, que es el que mayores penas conlleva, la Abogacía del Estado solo redacta su escrito en referencia a Oriol Junqueras, Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, ya que el resto fueron absueltos del delito de malversación de caudales públicos.

Así, la Abogacía sí que llama la atención sobre un hecho determinante a la hora de valorar la concesión de la medida de gracia, que no es otro que la reparación del daño económico que está relacionado con la condena por el delito de malversación. Pero igualmente llamativo, resulta el hecho de que durante el juicio, sí que acusaron por la sedición, pero ahora no quieren entrar a valorarla. 

El dinero

Hace unas semanas, el Tribunal Supremo, a petición de la Abogacía del Estado, solicitó un informe al Tribunal de Cuentas para que determinara si los condenados habían devuelto la cantidad reclamada derivada de los fondos públicos con los que se sufragó el referéndum del 1-O. Querían saber si se han devuelto los 4,1 millones de euros que se utilizaron para el Procés.

Esta cuestión no resulta baladí, puesto que más allá de no manifestarse sobre el fondo de la cuestión, la Abogacía sí que le pidió al Alto Tribunal que en su decisión sobre los indultos de los golpistas tuviera en cuenta el dinero malversado y si han resarcido al Estado el daño causado.

Según se hace constar en el escrito de la Abogacía del Estado, en el informe del Tribunal de Cuentas, que incorpora la Abogacía en su oficio, se señala que «ha quedado garantizada, no como pago sino en concepto de garantía de un futuro procedimiento contable la cantidad total de 4.146.274,97 euros» y que «están afianzadas las responsabilidades contables fijadas en su día».