La Abogacía del Estado «acumula papeles» para defender al Gobierno ante futuras demandas colectivas

La Abogacía del Estado recopila documentos desde hace «un mes». Fuentes próximas a la institución que dirige Consuelo Castro confirman a OKDIARIO que los letrados públicos «acumulan papeles» para afrontar una futura y eventual avalancha de demandas colectivas para exigir responsabilidades al Gobierno por su gestión durante la crisis sanitaria del coronavirus.

Son ya varias las causas abiertas contra diferentes autoridades públicas, y contra el propio presidente del Gobierno en el Tribunal Supremo, que tendrán que resolverse en los próximos meses. Por ello, la Abogacía del Estado que dirige Consuelo Castro prepara su estrategia en defensa de la actuación y las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la pandemia.

La intervención de los abogados del Estado será esencial en las reclamaciones de responsabilidad civil, patrimonial e incluso penal, que se planteen contra el Ejecutivo. Los jueces y magistrados ya han advertido del colapso judicial que se cierne en todos los órdenes jurisdiccionales una vez que, finalizado el estado de alarma, el Ministerio de Justicia -en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- restablezca el normal funcionamiento de los tribunales, suspendido hasta esa fecha.

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) del Gobierno serán protagonistas en los Juzgados. La demandas más previsibles son las contencioso-administrativas de los empresarios contra las resoluciones «estereotipadas y sin motivar» con las que la Administración laboral está rechazando sus peticiones para acogerse a la medida extraordinaria decretada por el Ejecutivo de Sánchez. Los primeros recursos no se verán, como mínimo, «hasta mayo de 2021», apuntan los magistrados.

Indemnizaciones millonarias

Las víctimas del coronavirus preparan demandas colectivas contra el Gobierno para exigirle responsabilidades por su «deficiente actuación» durante la crisis sanitaria. Varias plataformas ya han avanzado que trabajan para obligar al Ejecutivo a que indemnice a todos los contagiados «injustificadamente», por la falta de previsión del Ejecutivo y sus improvisaciones constantes. Hay miles de familias «que han perdido a sus seres queridos, en condiciones muy dudosas por la ausencia de información y medios técnicos, profilácticos y materiales». Además del propio personal sanitario puesto «que se les ha enviado a luchar la guerra contra el virus sin armas».

Para todos los afectados es esencial recopilar pruebas antes de iniciar las acciones legales necesarias para que los poderes públicos asuman sus responsabilidades, tanto civiles como penales, frente a «todas aquellas personas y colectivos que se han visto directamente perjudicados por la enfermedad y sus consecuencias, como resultado de la gestión del Gobierno, tanto a nivel de prevención, como de contención y adopción de las medidas adecuadas para hacer frente a la expansión y paliar, en su caso, los efectos de la misma», confirman expertos juristas a OKDIARIO.

«En estos momentos parece ya bastante evidente y resulta público y notorio, que el Gobierno ha reaccionado tarde y mal ante la existencia y expansión de la epidemia del coronavirus», subrayan los abogados que se encargarán de representar a las asociaciones constituidas por los afectados del COVID-19. «Nadie puede negar que por parte del Ejecutivo central, se nos pretendía mostrar una imagen de completa normalidad, y sensación de entera inexistencia de riesgo de contagio y de gravedad de la enfermedad, cuando ya meses y semanas antes se estaban emitiendo por parte de otros países afectados mensajes y alertas claras», añaden.