El 49,3% dice que los jueces deben elegir a sus órganos de Gobierno en vez de hacerlo el Parlamento

De nuevo el Gobierno de Pedro Sánchez rema en dirección contraria al sentir de los ciudadanos. El 49,3% de los españoles considera que deben ser los jueces quienes elijan a sus órganos de gobierno, representados en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y sólo el 37,6% afirma que debe hacerlo el Parlamento.

Es decir, una amplia mayoría de los encuestados por Hamalgama Métrica defiende el principio de independencia del Poder Judicial preservado por la Constitución, frente a las pretensiones del PSOE y Podemos de hacerse con el control absoluto del nombramiento de los jueces.

El presidente Pedro Sánchez ya se ha garantizado el control del Ministerio Público al colocar a su ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado. Ha logrado así que la Fiscalía pidiera el archivo de todas las querellas presentadas contra el Gobierno por la nefasta gestión de la pandemia del coronavirus. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieren dar un paso más ahora, asegurándose el control del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Pero los ciudadanos rechazan ampliamente la pretensiones del Gobierno socialcomunista. Sólo los votantes del Podemos defienden que debe ser el Parlamento en solitario el que elija los órganos de gobierno de los jueces. Lo sostiene así el 48,6% de los seguidores de Iglesias, mientras que otro 45,7% dice que la elección deben hacerla los jueces y un 5,7% no sabe o no contesta.

La independencia, cuestionada

Incluso los votantes socialistas piden mayoritariamente que sean los jueces quienes elijan a los miembros del CGPJ: así lo reclama el 44,1% de los votantes del PSOE, mientras el 40,1% defiende que la elección la haga el Parlamento y un 15,8% no sabe o no contesta.

En el bloque de centroderecha, la diferencia es más acentuada. El 53,3% de los votantes de Cs pide que la elección la hagan los jueces, mientras el 33,3% defiende que la haga el Parlamento. Entre los votantes del PP, el 49% defiende la independencia del Poder Judicial frente al 39,6% que deja la decisión en manos de las Cortes. Por último, los votantes de Vox tienen pocas dudas al respecto: el 66,7% deja la decisión en manos de los jueces y el 23,8% en manos del Parlamento.

Este es también el sentir mayoritario en todos los segmentos de edad. De forma muy llamativa, los más jóvenes son los más firmes defensores de la independencia del Poder Judicial: entre los encuestados de 18 a 29 años, el 53,3% quiere que los jueces elijan a sus órganos de gobierno, frente a un 36,7% que pide que lo haga el Parlamento. En el extremos opuesto se sitúan los mayores de 65 años: el 45,6% se inclina por la primera opción y sólo un 34% quiere que el nombramiento de los jueces dependa de los partidos políticos.

El artículo 122 de la Constitución española establece que ocho de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) serán elegidos por las Cortes por la mayoría cualificada de tres quintos (cuatro designados por el Congreso y cuatro por el Senado), mientras que los 12 restantes serán elegidos entre jueces y magistrados, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este sistema garantiza que los nombramientos se efectúen por un amplio consenso.

Alberto Garzón contra los jueces

Ante las trabas que el PP ha puesto para renovar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), PSOE y Podemos anunciaron una iniciativa parlamentaria para rebajar de la mayoría cualificada a la mayoría absoluta los votos necesarios para aprobar estos nombramientos. Si hubiera prosperado esta propuesta, ambos partidos y sus socios de Gobierno podrían hacerse con el control de la totalidad de los 20 miembros del CGPJ, sin que haya un solo representante designado a propuesta de la oposición.

Después de que la Comisión Europea advirtiera que esta práctica anula por completo la independencia del Poder Judicial, los dos partidos del Gobierno han registrado ahora una propuesta alternativa, para que el CGPJ no pueda aprobar el nombramiento de ningún juez mientras se encuentre en funciones (como ocurre en la actualidad).

Mientas tanto, la coalición Unidas Podemos mantiene su ofensiva contra los jueces. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha señalado este fin de semana que «el problema de este país no es la derecha política, que es inane. El problema es la derecha sociológica que está inserta en las instituciones del Estado: en los medios de comunicación y en el Poder Judicial, porque es desde ahí desde donde nos van a disparar».

«Tenemos una derecha judicial que está absolutamente en el monte», ha añadido, «que es absolutamente reaccionaria y que es incluso más exaltada que la extrema derecha en el parlamento, porque se cree impune. tenemos que tenerlo muy en cuenta para estar preparados, porque nos van a atacar y necesitamos estar fuertes».