Sánchez negocia con Urkullu la petición histórica del nacionalismo: completar el Estatuto de Guernica

El Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado, a través de una respuesta parlamentaria al senador de EH Bildu, Jon Iñárritu, que «desde la Delegación del Gobierno en el País Vasco se está trabajando de forma conjunta con el Gobierno de Euskadi para completar las previsiones del Estatuto de Gernika». 

Esta semana, los gobiernos central y vasco alcanzaron un «principio de acuerdo» sobre la transferencia al País Vasco de las competencias del tramo de la AP-1 entre Armiñón (Álava) y la provincia de Burgos, y de dos líneas de ferrocarril: Alonsotegi-Barakaldo y Bilbao-Basauri.

Un gesto que ambos Ejecutivos han vendido como indicativo de una nueva relación, que pasa por desbloquear nuevas competencias. La Comisión Mixta que oficializará los traspasos se reunirá el próximo lunes día 26 tras siete años sin hacerlo y la cita tendrá lugar por primera vez en el País Vasco.

Se trata del primer paso del Gobierno de Sánchez para cumplir sus promesas con los nacionalistas vascos, que cuantifican en 37 las materias que quedarían pendientes de transferir. Entre ellas, la reclamación histórica de gestionar las prisiones y el régimen económico de la Seguridad Social, que comparte también el PSE. Dos asuntos siempre rodeados de polémica.

Diferencias en el Ejecutivo

La transferencia de las prisiones genera asperezas en el Ejecutivo, como se ha evidenciado en los últimos días. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba este jueves que esa cesión «no está en la agenda» y «lo que hay que hacer siempre es encarar aquello que podamos asumir en un tiempo razonable y no empezar con actitudes que nos puedan dirigir a la frustración».

Un día después, la portavoz, Isabel Celaá, matizaba que tanto este como otros asuntos están sobre la mesa de negociación y se remitió a las reuniones bilaterales que «se suceden de manera cordial y habitual» a través de la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet. Batet negaba hace unas semanas que en las conversaciones se haya abordado el tema de la Seguridad Social, otro de los asuntos más controvertidos.

El Ejecutivo socialista confirma su disposición a atender a la reclamación histórica del nacionalismo vasco, la asunción íntegra del Estatuto de Guernica

Este viernes, el lehendakari Íñigo Urkullu advertía al Ejecutivo socialista que las declaraciones de Grande-Marlaska «no se corresponde»  ni con las conversaciones que él mismo ha mantenido con Sánchez, ni con el acuerdo de gobierno entre PNV y PSE en el País Vasco. Urkullu avanzó además que el Ejecutivo vasco seguirá trabajando para que este pacto tenga «continuidad», de forma que el Estatuto, la norma que regula y reconoce el autogobierno vasco, «se cumpla en su integridad».

En otra respuesta reciente al senador Iñárritu, el Gobierno ya se mostraba dispuesto a abordar las «materias que sean susceptibles de traspaso» de acuerdo a su base competencial, «constitucional y estatutaria». El orden en la negociación, decía el Ejecutivo, se establecería según criterios como  la viabilidad, los recursos necesarios, así como los ajustes competenciales que se requieran para hacerlos efectivos.

De esta forma, el Ejecutivo socialista confirma su disposición a atender a la reclamación histórica del nacionalismo vasco, la asunción íntegra del Estatuto de Guernica. 

La cita del lunes servirá también al Gobierno para presionar a sus socios de moción de censura para que den su visto bueno a los Presupuestos.

Este jueves, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, afirmó que «no quiere cerrar ninguna puerta» en relación a esas cuentas y aseguró que, si el Gobierno central es «capaz de crear las condiciones para hablar con los partidos catalanes, el PNV va a estar».