El Gobierno dice en un informe que extender la sanidad a los irregulares permitirá ahorrar

El pasado julio, y en una de sus primeras decisiones como presidente, Pedro Sánchez aprobó el decreto para modificar la reforma del PP que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular.

El cambio supuso que los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho a la asistencia sanitaria en iguales condiciones que los españoles  en el Sistema Nacional de Salud sin tener que justificar su residencia en España, en caso de que los servicios sociales constaten que su país no puede abonar esta cobertura.

En la memoria que acompañaba ese real-decreto, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, el Gobierno asegura que la sanidad universal no solo no tendrá un coste para las arcas públicas, sino que permitirá ahorrar.

En concreto, en el apartado ‘Impacto económico y presupuestario’, el Gobierno defiende que «la sostenibilidad financiera y la solvencia del sistema sanitario público deben ser considerados, por supuesto» como «condicionantes de la política sanitaria». Sin embargo matiza que lo que se pretende es «establecer más un nuevo marco normativo que aborde garantías y que haga efectivo el cumplimiento de los tratados internacionales de carácter vinculante suscritos por España».

A continuación, el Ejecutivo estima que el proyecto «no va a provocar un impacto en la economía, en términos generales, ni va a tener un efecto relevante en la generación de nuevos gastos públicos de las distintas administraciones gestoras de la sanidad pública española».

Los cálculos se hacen partiendo de la base de que el Ejecutivo ni siquiera dispone de un número confirmado de irregulares.

Y esto es así, concluye el Gobierno socialista, porque «los costes evitables derivados de la prevención y promoción de la salud así como del control de la enfermedad en el ámbito de atención primaria son mucho menores, comparativamente, con los derivados de la asistencia especializada por el empeoramiento o el agravamiento de la enfermedad por una inexistencia de prevención o por la ausencia de control en la atención primaria».

Sin datos oficiales de irregulares

Los cálculos se hacen partiendo de la base de que el Ejecutivo ni siquiera dispone de un número confirmado de irregulares, como recientemente reveló OKDIARIO, en base a una respuesta parlamentaria.

En la misma, el Gobierno de Pedro Sánchez reconocía que «no se dispone de datos sobre el número de extranjeros en situación irregular presentes en España, ya que, por la propia naturaleza del fenómeno, no resulta posible elaborar estadísticas fiables sobre la materia».

Para hacer sus estimaciones, el Gobierno recurre al Sistema de Información de Población Protegida, basado en los datos que registran los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas, y añade que «adicionalmente se ha efectuado una consulta directa a dichos servicios de Salud con el fin de concretar las personas extranjeras no asegurados o en situación irregular a efectos de su atención sanitaria».

El Gobierno se basa en un informe de CCOO que sostiene que los irregulares tienen menos enfermedades crónicas

Con esos datos, se fija una población de 288.785 personas a nivel nacional. Una cifra que procede de los irregulares que ya estarían recibiendo asistencia tras las normas aprobadas por diferentes comunidades, pero que en ningún caso permite componer una fotografía de su número total. 

Se basa en un informe de CCOO

El Gobierno defiende que los «españoles» y «extranjeros» tienen una tasa de utilización de los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios similares, y recurre para sostenerlo a dos informes, uno de los cuales está elaborado por el sindicato CCOO, en los que se afirma que «el perfil sociodemográfico de una persona inmigrante en situación administrativa irregular es de alguien joven, sin enfermedades crónicas y cuyo motivo de emigración es exclusivamente buscar un medio de subsistencia y progresar como persona».

Con esos datos, concluye que la asistencia «apenas» tiene «efecto sobre los costes fijos del sistema en infraestructuras, equipamiento y remuneración de personal», pese a que a continuación se afirma cada médico de atención primaria deberá asumir a 8 personas más, y cada enfermera a 9. Una circunstancia que, estima el Gobierno, es aceptable y que hace «que no sea preciso contemplar los costes fijos de personal». Es decir, asumir nuevas contrataciones.

Por ello, aseguran los socialistas, la extensión de la sanidad no solo no supone nuevos gastos, sino un «ahorro» porque «la garantía de la promoción y la prevención de la salud evitan los gastos de hospitalización de personas cuyas patologías se vieran agravadas». «El ahorro se producirá en el coste de las urgencias hospitalarias y sobre todo en los procesos agudos de hospitalización por enfermedades graves».

El Proyecto de Ley sigue su trámite

Entre tanto, el Proyecto de Ley sobre el acceso a la Sanidad Universal sigue su curso en el Congreso.

Esta semana, los grupos rechazaron la enmienda a la totalidad presentada por el PP. La diputada ‘popular’,  Teresa Angulo, defendió la iniciativa popular, asegurando que la propuesta socialista garantiza «una barra libre sanitaria para el acceso a un servicio que pagan todos los españoles». El Grupo Popular afirmó que la norma que plantea el PSOE es «irresponsable, confusa y con consecuencias perjudiciales para el sistema nacional de salud».

Por su parte, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, destacó el «gran consenso profesional en la necesidad de mantener el derecho universal a la atención sanitaria» y aseguró que la sostenibilidad del sistema «no está en peligro».