Las pruebas de la Guardia Civil avalan que los golpistas del 1-O tenían orden de coordinarse con Podemos

La Guardia Civil ha recabado nueva documentación sobre el 1-O que demuestra que las indicaciones recibidas por los golpistas incluían la orden de coordinarse con Catalunya Sí que es Pot -Podemos en Cataluña- y con Barcelona en Comú -el partido de Ada Colau y, a su vez, una de las marcas blancas de los podemitas que pacta sus actuaciones a escala nacional con Pablo Iglesias-.

Las pruebas de la Guardia Civil, además, no se refieren a hechos recientes. Sus indicaciones se remontan al año 2016. Es decir, que las órdenes para hacer partícipes del golpe separatista a Podemos y la formación de Colau no se limitaron exclusivamente a la fase final de preparación del referéndum ilegal del 1-O: fueron más amplias e incluyeron todo el tejido de lo que los golpistas de la antigua Convergència (PDeCAT) y ERC llamaban la creación de las “estructuras de país”.

Una de las citas anotadas e investigadas por la Benemérita tuvo lugar el 13 de abril de 2016. La documentación a la que ha tenido acceso la Guardia Civil relativa a ese día muestra una serie de iniciales, encabezadas por la palabra “Parlament”, de lo que podrían ser los nombres de “Carme Forcadell, Marta Rovira y Josep María Jové”, tal y como destaca el informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso OKDIARIO.

En él se relata como en la reunión se expuso que “necesitamos una estrategia y todo lo que implica el proceso a nivel parlamentario”. “¿Qué hacemos si hay inhabilitaciones o multas?”, se anota después. A partir de ahí el informe detalla los objetivos que tenían por esas fechas los golpistas: “Proceso constituyente, se está intentando llegar a un acuerdo con las entidades. Encontrar un impulsor para que se cree una gran plataforma que es donde podrá haber el debate ciudadano (aquí OC [Òminum Cultural] y ANC [Asamblea Nacional Catalana]). Con la CUP quiere cerrar la estrategia […]. Puntos, todos ellos, que efectivamente se fueron cumpliendo en los preparativos del golpe separatista.

Y es en ese momento donde aparece otra anotación más: “Punto de consenso que las conclusiones sean vinculantes pero sin concretar modelo o forma de validación de esta vinculación. Quieren que CSQP y BCNCOMÚ participen en el proceso constituyente que formen parte del equipo impulsor pero querrán influir en la definición de este proceso”.

Lo cierto es que, se materializase como se materializase ese intento de coordinación, fue a partir de esas fechas cuando, de forma más evidente, los podemitas catalanes empezaron a dejar constancia evidente de su apoyo a los golpistas. De hecho, fue el día previo a la Diada de ese mismo año cuando Ada Colau escribió su polémico artículo en El País en el que defendió abiertamente las tesis separatistas y señaló: «Mañana, con motivo de la Diada, miles de catalanes volverán a expresar en las calles su voluntad de decidir libremente su futuro y su deseo de independencia frente a un Estado que ignora sus derechos y libertades nacionales. No se cansen en contarlos, serán muchos”.

La Guardia Civil, además, ha ampliado ya la órbita de investigación del 1-O para incluir a una de las personas de máxima confianza de la alcaldesa de Barcelona: Jaume Asens. Se trata del cuarto teniente de alcalde de Ada Colau. Una persona que mantuvo contacto directo con Marta Rovira en las fechas previas al 1-O y que aparece también retratado en las conversaciones telefónicas interceptadas a la actual candidata de ERC a la Presidencia de la Generalitat.

La Guardia Civil mantiene la sospecha de que la persona mencionada en esas conversaciones era él y que los contactos se mantuvieron para poner a disposición de la organización del 1-O centros o locales públicos donde poder efectuar las votaciones ilegales en caso de haber problemas con los colegios electorales aunque, eso sí, de la forma menos valiente: con exigencia de no tener problemas posteriores con la Justicia en caso de iniciarse, como ha ocurrido, las actuaciones judiciales.

La conversación interceptada por la policía judicial donde aparece el nombre de Jaume Asens se produce el 4 de septiembre a las 22:34. Sus interlocutores eran, casualmente, los mismos que aparecían anotados en aquella indicación de 2016: “Marta Rovira y Josep María Jové”. Marta Rovira, que estuvo en todas las reuniones clave preparatorias del golpe separatista y comandó la supervisión y el ritmo de avance de todas las infraestructuras necesarias para la votación ilegal. Y Josep María Jové Lladó, responsable de la Secretaría General de la Vicepresidencia Económica y Hacienda, que era el número dos de Oriol Junqueras y una de las personas encargadas del avance de lo que ellos denominaban las “estructuras de país”.

En esa conversación telefónica “Rovira refiere a José que en una reunión que había tenido con Andreu y Carmen preparando lo del día 6, Andreu la había informado de una llamada recibir de Jaume Asens en la que le solicitaba el informe de los funcionarios, trabajadores, ciudadanos y todo eso”, señala el informe de la Guardia Civil.

La Benemérita incorpora a ese mismo informe que “en este sentido Jaume Asens pudiera ser el 4º Teniente de Alcalde de Barcelona y el informe podría tratarse del informe jurídico que el Ayuntamiento de Barcelona estaba exigiendo a la Generalitat para que se asegurase que no habrá consecuencias jurídicas para los funcionarios ni para el Ayuntamiento en caso de ceder locales para el referéndum”.

Fuentes de la investigación han confirmado a OKDIARIO que, a raíz de esta llamada, la investigación se ha abierto para confirmar el grado de coordinación y participación que existió entre los hombres de Ada Colau y el Govern. Especialmente, a través de la figura de Marta Rovira y Jaume Asens. Esas mismas fuentes inciden en varios detalles. Y es que en esa conversación las garantías que se pedían eran para ceder los locales, lo que, evidentemente, puede implicar un elevado grado de participación y cooperación en la estructura necesaria para llevar a cabo la votación inconstitucional. Además, destacan que es llamativo que las garantías de elusión de responsabilidad penal que se solicitan se hacen en nombre de los funcionarios, pero también del Ayuntamiento, cuya máxima responsable era la propia Ada Colau.