El Gobierno incluirá el principio de ‘lealtad institucional’ en la reforma de la Constitución

El Gobierno quiere que la futura reforma de la Constitución incluya el principio de ‘lealtad institucional’, que ya figura en otros ordenamientos jurídicos. El PP trasladará esa ‘reflexión’ a la comisión constitucional pactada con el PSOE y que echará a andar en el Congreso en las próximas semanas. El concepto cobra un especial significado en plena crisis institucional en Cataluña. 

Se trata de asegurar que se cumplan las ‘reglas del juego’ en la delimitación de competencias entre administraciones y las relaciones entre sus representantes.

Al contrario que ocurre en otros países, como Alemania, ese principio no está expresado en la Constitución, aunque sí en leyes relativas a las Administraciones públicas, Estatutos de Autonomía y en múltiples sentencias del propio Tribunal Constitucional.

En ellas, se establece por ejemplo que el principio de lealtad «requiere que las decisiones tomadas por todos los entes territoriales y en especial por el Estado y las CCAA tengan como referencia necesaria la satisfacción de los intereses generales». Se observa, además, que ese principio es un eje central para el buen funcionamiento del Estado autonómico, basado en las relaciones de cooperación y solidaridad entre el Gobierno central y las Comunidades.

«La lealtad institucional es un principio esencial en las relaciones entre las diversas instancias de poder territorial, que constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico y cuya observancia resulta obligada», recogió el Alto tribunal en varias de sus sentencias.

El principio se basa en la idea de la ‘Bundestreue’ alemana, la lealtad federal, uno de los principios fundamentales de su modelo territorial.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público establece la obligación de las Administraciones Públicas de respetar ese principio en sus actuaciones y relaciones mutuas, «como criterio rector que facilite la colaboración y la cooperación entre las diferentes Administraciones Públicas, recogiendo los pronunciamientos del Tribunal Constitucional». Este principio exige de las Administraciones Públicas que en su actuación: respeten el ejercicio legítimo de las competencias de otras Administraciones, ponderen al ejercer sus competencias el interés público, faciliten la información que precisen el resto de Administraciones Pública, cooperen y asistan al resto de Administraciones Públicas.

Los ‘populares’ pondrán esa idea sobre la mesa de la futura reforma de la Constitución, que empezará a esbozarse en la comisión que, a tal efecto, se desarrollará en las próximas fechas en el Congreso.

El PSOE quiere que esa comisión-que albergará sus primeras sesiones a mediados de mes-sea ágil, y, por ello, prefiere prescindir de cuestiones más técnicas y centrarse en el debate político.

La comisión es la gran bandera de los socialistas, en el corto plazo, aunque su nace con importantes ausencias:  independentistas y Podemos han rechazado participar. Aunque tanto desde el PP como desde el PSOE creen que terminarán por incorporarse.

A propuesta del PSOE, la comisión se vertebrará en torno a cuatro grandes bloques: un análisis del funcionamiento del sistema autonómico desde 1978, la determinación de competencias, el estudio de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y finalmente, el sistema de financiación.