161 pueblos de España tienen tras la Ley de Nietos más votantes en el extranjero que en el propio municipio

La conocida como Ley de Nietos ha alterado el mapa electoral de la España rural, a la espera de cómo Moncloa acatará la decisión del Tribunal Supremo para excluir del censo a todos los nuevos nacionalizados que no puedan acreditar su exilio, cuyo plazo se cierra el próximo lunes.

Un total de 116 municipios tendrían más electores residentes en el extranjero que en España si no se aplicara la suspensión del voto acordada por el Tribunal Supremo para miles de los 600.684 nacionalizados. El fenómeno afecta especialmente a pequeños pueblos de Salamanca, La Rioja, Soria y Ourense, donde el censo exterior llega a superar ampliamente a la población empadronada.

Los datos pueden consultarse a través de la web puesta en marcha por Vox para denunciar el impacto del voto CERA —el Censo Electoral de Residentes Ausentes— en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

El ranking de estos 116 municipios revela hasta qué punto el voto exterior puede condicionar el peso electoral de localidades de la España vaciada. En algunos casos, los electores residentes fuera de España superan incluso el número total de vecinos empadronados en el municipio.

El fenómeno se concentra en unas pocas zonas de la España despoblada, donde la población media de los municipios analizados es de apenas 109 habitantes. Castilla y León, Galicia, La Rioja, Andalucía y Asturias acumulan la mayor parte de los casos.

Salamanca encabeza la clasificación, con 28 municipios afectados, seguida de La Rioja, con 20; Ourense, con 17; Soria, con 15; Burgos, con 11, y Ávila, con diez.

Ventrosa, el caso más extremo: el 86,8% son votantes en el exterior

El caso más llamativo es el de Ventrosa, en La Rioja, donde figuran 296 electores en el extranjero frente a 45 en España. El voto de los españoles ausentes que viven en el extranjero (CERA) representa así el 86,8% del censo electoral conjunto, mientras que el municipio apenas cuenta con 48 habitantes empadronados.

Le siguen Fuentestrún, en Soria, donde el voto exterior supone el 82,3% del censo; Junciana, en Ávila, con el 80,4%, y Jaramillo Quemado, en Burgos, con el 80%.

La dimensión del desequilibrio también queda patente en localidades diminutas. Valdeprado, en Soria, cuenta con sólo ocho habitantes y 38 electores en el extranjero, que representan el 79,2% del censo conjunto. Torremontalbo, en La Rioja, tiene siete habitantes y nueve electores residentes fuera de España.

En otros municipios, la diferencia destaca por el volumen absoluto de electores inscritos en el extranjero. Avión, en Ourense, registra 3.106 electores exteriores frente a una población de 1.719 habitantes. En Bande, también en Ourense, la cifra asciende a 2.303 frente a 1.460 habitantes, mientras que Allande, en Asturias, suma 2.176 electores fuera de España frente a 1.506 habitantes.

Murtas, en Granada, presenta una diferencia de 621 electores: 1.052 en el extranjero frente a 431 habitantes. En este municipio, el voto exterior representa el 76,1% del censo conjunto. La Fonsagrada, en Lugo, es la localidad con más electores residentes en el extranjero de toda la clasificación, con 3.514, frente a una población empadronada de 3.073 personas.

Salamanca, la provincia con más riesgo de ser robada

Salamanca, Melilla y Zamora encabezan las 18 provincias con riesgo máximo de que el voto desde el extranjero decida un escaño.

En Salamanca, al PSOE le faltaron 1.495 votos para ganar un escaño más en 2023, y desde la Ley de Nietos, el censo de electores que viven en el extranjero ha crecido en 4.910 personas. En Melilla, que elige un solo diputado, ya hay 6.804 electores en el extranjero, más que los 6.504 votos que le faltaron al PSOE.

Lanestosa (Vizcaya) casi duplica sus votantes en el extranjero

Ha pasado de 107 a 210 electores en el extranjero (+96,3 %), en un pueblo de 244 habitantes. En los 50 municipios donde más ha crecido ese censo, el aumento supera el 43 %.

Cuenca y Huesca, donde más voto desde el extranjero va al PSOE

El 42,1 % del voto exterior de Cuenca y el 40,7 % del de Huesca fue para el PSOE en las elecciones celebradas desde la Ley de Nietos, frente al 27% de media en España.

La ofensiva judicial de Vox contra la Ley de Nietos

Vox, el partido liderado por Santiago Abascal, llevó al Tribunal Supremo la instrucción de octubre de 2022 firmada por Sofía Puente para aplicar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.

El Alto Tribunal ha respaldado en dos ocasiones las medidas cautelares solicitadas por la formación: en septiembre suspendió los efectos electorales de determinadas inscripciones en el censo exterior y el 12 de octubre confirmó la decisión al rechazar el recurso del Gobierno.

De este modo, quienes obtuvieron la nacionalidad por la Ley de Nietos no podrán votar en las elecciones del 29 de noviembre, salvo que acrediten el exilio de sus padres o abuelos.

La batalla judicial se remonta a 2022, cuando Pedro Sánchez aprobó la Ley de Memoria Democrática, que abrió una vía para que descendientes de españoles pudieran acceder a la nacionalidad. Vox presentó un recurso que fue admitido a trámite al año siguiente y que todavía está pendiente de sentencia.

La ofensiva política y judicial se intensificó en mayo de este año, cuando Abascal advirtió de que Sánchez planeaba «robar» las elecciones mediante una alteración del censo electoral.

Además, el 24 de junio, Vox defendió en el Pleno del Congreso una reforma de la ley electoral para separar el recuento del voto por correo y reforzar la custodia de las papeletas, una iniciativa que vinculó al impacto de la Ley de Nietos. La propuesta fue rechazada.

El 30 de junio, la formación solicitó al Ministerio de Justicia la nulidad de pleno derecho de la instrucción de octubre de 2022. Al día siguiente presentó dos escritos ante la Junta Electoral Central (JEC): uno para reclamar una auditoría y la suspensión de las inscripciones masivas en el censo exterior y otro para pedir el fin del voto por correo desde el extranjero.

En respuesta a preguntas de Vox, el Gobierno reconoció 600.684 solicitudes aprobadas y 369.017 inscripciones consulares. Dos días después, la formación aportó al Supremo dos oficios de 2023 firmados por Sofía Puente que, según su interpretación, eliminaron el límite de generaciones. El dirigente de Vox Jorge Buxadé volvió a plantear la cuestión en Bruselas.

Con las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, Vox pidió al Supremo y a la Junta Electoral que la suspensión se aplicase en esos comicios. La formación también rechazó el argumento del Gobierno sobre las dificultades para identificar a los afectados y reclamó al Senado un dictamen urgente de la Comisión de Venecia.