Un 155 «sin cirugía»: Millo president dos meses, elecciones y Mossos bajo el control de la Policía

A la espera de que Carles Puigdemont aclare este lunes si ha proclamado la independencia de Cataluña, el presidente Mariano Rajoy se inclina por aplicar el artículo 155 de la Constitución «sin cirugía» para restablecer la legalidad en la región.

Si finalmente se impone esta tesis, el Gobierno intervendrá la Generalitat, destituirá todos los miembros del Govern (Carles Puigdemont y todos sus consellers están imputados por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional), disolverá el Parlament y convocará nuevas elecciones autonómicas.

La presidencia de la Generalitat será asumida de forma accidental por el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, sólo durante el tiempo necesario para celebrar nuevas elecciones: 54 días desde que se publica su convocatoria, de acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral.

Durante este tiempo, cada una de las Consellerias de la Generalitat será gestionada desde los correspondientes Ministerios. Como ya ocurre desde el pasado 18 de septiembre con las cuentas del Ejecutivo autonómico, que fueron intervenidas por el ministro Cristóbal Montoro para evitar que se destinara dinero público a la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

Un Govern de ‘notables’

En cuanto a los Mossos d’Esquadra, quedarán bajo el control de la Policía Nacional y, muy probablemente, serán destituidos los principales mandos independentistas que utilizaron este cuerpo para facilitar la celebración del referéndum de independencia.

El Ejecutivo de Rajoy ha barajado la posibilidad de nombrar, hasta las elecciones autonómicas, un Govern de notables, del que formarían parte personalidades como el ex presidente del Parlamento europeo Josep Borrell (que pronunció el discurso de la multitudinaria manifestación celebrada en Barcelona el 8 de octubre) o el ex ministro Josep Piqué, que acaba de ser nombrado miembro del consejo de administración de Aena.

Sin embargo, Rajoy parece haber desechado esta idea, pues no quiere transmitir la sensación de que el Gobierno aprovecha para imprimir un sesgo partidista a la Generalitat. Quiere en cambio que durante los dos próximos meses se lleve a cabo una gestión meramente técnica del Ejecutivo autonómico dirigida por Enric Millo, un político catalán procedente de la Unión Democrática de Cataluña (la formación política de Duran Lleida) que hoy es el hombre de confianza de Rajoy en Cataluña.

Este lunes es el día D. Esta mañana están citados a declarar ante la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional el mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los tres están imputados por un delito de sedición, que puede acarrear una pena de hasta 15 años de cárcel para Trapero (como cargo público) y hasta 10 años para los Jordis.

La CUP pide ocupar las infraestructuras

Los informes de la Guardia Civil señalan que Trapero desobedeció las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y utilizó los Mossos para facilitar la celebración del referéndum ilegal. La inactividad de los Mossos obligó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a intervenir cuando ya se estaba produciendo la votación, lo que deparó las escenas de violencia que la Generalitat ha difundido a los medios internacionales para alimentar su victimismo.

También este lunes, Carles Puigdemont debe responder al requerimiento de Rajoy y aclarar si el pasado martes declaró la independencia de Cataluña. En su comparecencia ante el Parlament, Puigdemont jugó al despiste de forma deliberada: anunció que «asume» el mandato de proclamar la independencia (como resultado del referéndum ilegal, cuyo escrutinio careció de cualquier control) pero anunció que propondrá al Parlament suspenderla, para negociar a través de algún «mediador internacional» que dé legitimidad a su golpe de Estado.

A continuación, Puigdemont y los representantes de Junts pel Sí y la CUP firmaron la declaración de independencia: pero el Parlament ni la aprobó con sus votos, ni acordó suspenderla. De este modo, el presidente de la Generalitat intentó evitar las consecuencias penales de su gesto.

En caso de que Puigdemont reconozca su golpe de Estado, tiene un nuevo plazo, que culmina el jueves, para restituir la legalidad en Cataluña. Los líderes de la ANC y Ómnium, imputados por sedición, le presionan para que haga ya efectiva la independencia. Mientras tanto, la CUP se dedica a movilizar a los voluntarios y ya habla de tomar las «infraestructuras estratégicas», como puertos y aeropuertos.